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La ciudad desde abajo: el colapso hídrico que ya no se puede ocultar

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Por: Carlos E. Martínez Villaseñor 

Lo hemos leído y visto en diferentes medios de comunicación a lo largo de varios meses: la infraestructura hídrica de Guadalajara está colapsando. No es una exageración ni una suposición. Son datos periodísticos, técnicos y ciudadanos que confirman lo que ya es evidente para todos: la ciudad se está hundiendo, literal y estructuralmente, por debajo de sus cimientos. Y no se trata de un fenómeno reciente. Esta es una herencia de décadas, de administraciones que simularon mantener lo que nunca atendieron. De gobiernos que prefirieron la superficie, la estética y el discurso, por encima del drenaje, las tuberías y los sistemas que no se ven, pero sostienen todo lo demás.

Durante 2025, se han registrado en promedio ocho socavones al día en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según reportajes de El Informador y UDGTV. Sólo en la primera semana de julio se documentaron dos hundimientos de gran magnitud: uno de 15 metros en El Bethel (Malecón y Sidón), y otro en Tlaquepaque, con una profundidad de cinco metros. En 2024, UDGTV reportó 10 socavones en menos de un mes, todos vinculados a fugas subterráneas en colectores colapsados, muchos de ellos con más de 30 años sin rehabilitación. Los expertos citados en estos medios son contundentes: el desgaste de los ductos, la falta de mantenimiento y la negligencia en la renovación de redes son la causa directa del colapso urbano.

Y mientras esto ocurre, el SIAPA sigue actuando por reacción, no por prevención. Se remiendan las calles, se parchean los ductos, pero no existe un plan integral ni cifras claras sobre el estado real de la red. El Congreso aprobó apenas 60 kilómetros de rehabilitación, cuando el sistema completo supera los 9 mil kilómetros de tuberías. El problema es estructural. La ciudad creció sin orden, sin planeación hídrica, y sin voluntad política para detener el deterioro.

Los expertos coinciden: abrir la ciudad para rehabilitar lo que está debajo no es opcional, es urgente. Y eso implica auditorías técnicas independientes, presupuestos multianuales con reglas de operación, transparencia ciudadana en datos de fugas, presión y fallas, y sobre todo, voluntad de enfrentar un problema que políticamente no da aplausos, pero que puede evitar tragedias. El problema no termina en la ciudad. El campo jalisciense también sangra agua. Reportes retomados de El Occidental, El Informador y NTR Guadalajara confirman que 36 mantos acuíferos subterráneos de Jalisco están sobreexplotados. Entre ellos, el de Toluquilla, que abastece buena parte del Área Metropolitana de Guadalajara, presenta ya un déficit superior a 75 millones de metros cúbicos anuales. A pesar de eso, la CONAGUA otorgó más de 30 concesiones adicionales en 2022 para extraer agua de ese mismo acuífero. En lugar de frenar el saqueo, se institucionalizó.

Las agroindustrias de berries y aguacate siguen creciendo, más de 300% en la última década con una demanda hídrica descomunal. Y aunque generan empleo y exportación, lo hacen sobre una base insostenible, donde el agua es extraída sin regulación efectiva, y donde los ecosistemas locales ya muestran signos de colapso. Nada de esto es nuevo. Está documentado. Está denunciado. Lo que falta es que se asuma el costo político de resolverlo. Mientras se priorice la imagen sobre la infraestructura, seguiremos invirtiendo más en bacheo que en planeación, y más en excusas que en soluciones. La realidad es esta: la ciudad está sostenida por una red subterránea que lleva décadas al borde del colapso. El drenaje, las tuberías, los ductos de agua potable, ya no resisten más. Y cada socavón, cada hundimiento, cada fuga no atendida, es una advertencia de lo que no se quiso ver. No es sólo un problema de infraestructura. Es un problema de visión, de prioridades, de decisión política. Y aunque por fin el tema ha llegado al Congreso, con el reciente aumento tarifario del 9.6 % aprobado para el SIAPA y el compromiso legislativo de auditar, sanear y renovar las redes más afectadas, lo cierto es que el reto no está en el anuncio, sino en el cumplimiento.

El plan de acción que el SIAPA deberá entregar en 90 días y la auditoría integral obligatoria no pueden quedarse en letra muerta. Tampoco deben usarse como justificación para subir tarifas sin resultados visibles. Los recursos deben traducirse en obras. En cambios reales. En drenajes nuevos, en ductos reforzados, en colonias con agua continua y limpia. La ciudad ya no puede esperar.

Jalisco necesita decidir si sigue parcheando su pasado, o si comienza a construir desde abajo, el futuro que dice querer.

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