La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha emitido la Recomendación 03/2025, en respuesta a la grave situación de un estudiante de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en Zapopan, quien sufrió bullying y la falta de intervención por parte de su docente. Esta acción se enmarca en la violación del derecho a la educación en un entorno libre de violencia, así como del derecho al trato digno y a la integridad personal.
El caso se remonta al 17 de noviembre de 2023, cuando la madre del alumno presentó una queja formal. En su relato, mencionó que su hijo fue objeto de burlas por parte de sus compañeros tras revelar que era adoptado. En lugar de brindar apoyo y erradicar la violencia, el docente involucrado agravó la situación al gritarle frente a sus compañeros, lo que intensificó el acoso escolar.
Tras el análisis de las evidencias, la CEDHJ concluyó que tanto la directora de la institución como el docente y la psicóloga de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) fallaron en su responsabilidad de proteger al alumno y garantizar un ambiente educativo seguro. Como resultado, se emitieron diversas recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Educación Jalisco.
Entre las acciones sugeridas se incluye la inscripción del estudiante en el Registro Estatal de Víctimas para garantizar su atención y reparación integral del daño. Además, se requiere la atención psicológica inmediata por personal especializado, y la implementación de talleres lúdicos para toda la comunidad escolar, con el fin de promover una cultura de respeto y convivencia pacífica.
La CEDHJ también instruyó a la Secretaría de Educación a reabrir el expediente del caso y a considerar las medidas administrativas pertinentes contra los servidores públicos involucrados. Asimismo, se estableció la necesidad de capacitaciones para el personal docente en temas relacionados con derechos humanos y el marco legal que rige la educación, con el objetivo de prevenir futuras violaciones y promover un ambiente escolar respetuoso y seguro.
Finalmente, se notificó a la Secretaría de Educación que los servidores públicos involucrados han sido inscritos en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos con Violaciones a Derechos Humanos, lo que refleja la gravedad de sus acciones y la necesidad urgente de reformar las prácticas educativas en la institución. Esta situación resalta la importancia de garantizar el derecho a la educación en un entorno libre de violencia, un principio fundamental que debe ser defendido y promovido en todas las escuelas del país.
