Por: Verónica Juárez Piña
En un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PRD exhortó a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías de las entidades federativas, al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de las entidades federativas a dar seguimiento a las denuncias por el delito de pederastia en contra de integrantes de la orden “Legionarios de Cristo”, garantizando los derechos de las víctimas, especialmente su derecho de acceso a la justicia.
El pasado 21 de diciembre de 2019, la Comisión de Casos de Abuso de Menores del Pasado y Atención a las Personas Implicadas de la congregación “Legionarios de Cristo”, dio a conocer un informe relativo a casos de abuso sexual y pederastia de, al menos, 175 menores, cometidos por 33 sacerdotes o diáconos, de los cuales, más de la tercera parte fueron cometidos por el fundador de esta orden, Marcial Maciel.
El informe abarcaría desde la fundación de la Congregación, en 1941 y hasta el 16 de diciembre del año 2019. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tuvieron conocimiento de las denuncias y decidieron ignorarlas.
Como muchas de las víctimas, el Grupo Parlamentario del PRD considera insuficiente este tardío reconocimiento de ilícitos, pues las víctimas del Padre Maciel denunciaron desde hace décadas sus abusos y, sin embargo, ni el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas y civiles mexicanas actuaron con oportunidad.
Por esa razón, las y los diputados federales perredistas pidieron en su proposición a la Secretaría de Gobernación generar los mecanismos necesarios, mediante programas de difusión que creen confianza, para que las víctimas que no lo hayan hecho, procedan a realizar las denuncias correspondientes a efecto de evitar la impunidad.
Además, analizar si, con estos delitos y el posterior encubrimiento a los responsables, la Iglesia Católica y, especialmente, la orden “Legionarios de Cristo”, violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y proceda, en su caso, a imponer las sanciones correspondientes.
Así como diseñar, en conjunto con los representantes de las asociaciones religiosas acreditadas en nuestro país y con las autoridades educativas y de protección a la infancia, un protocolo para prevenir y erradicar este tipo de abuso sexual infantil.
Desde el PRD hacemos un llamado para acabar con la impunidad y el encubrimiento y para adoptar todas las medidas legales y de política pública tendientes a prevenir y evitar más casos como éste y garantizar los derechos y la integridad física, psicológica y emocional de las niñas, niños y adolescentes.
