Jóvenes de diferentes organizaciones criticaron las políticas de vivienda en la capital, señalando que el principal problema no radica en la escasez de inmuebles, sino en la dificultad de acceso a los mismos. Durante el foro «Diálogos de la Ciudad contra la Gentrificación», organizado por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, se abordaron las causas y consecuencias del modelo actual de desarrollo urbano.
El encuentro, realizado en el Multiforo Tlalpan, contó con la participación de diversos colectivos y expertos que coincidieron en que la expansión de la ciudad ha sido desproporcionada respecto al crecimiento poblacional. Andrey Caligari, integrante del Proyecto Migala, señaló que la mancha urbana ha aumentado tres veces más que la población en los últimos 30 años, lo que evidencia una tendencia de crecimiento descontrolado. “El problema no es la falta de viviendas, sino que estas no son accesibles para la mayoría, debido a que las políticas favorecen a grandes desarrolladores inmobiliarios”, afirmó Caligari.
Asimismo, criticó la continuidad de los lineamientos del Bando 1 del Gobierno, que según él, promueven la participación de desarrolladores privados en áreas de vivienda social, perpetuando un modelo que excluye a los sectores más vulnerables. En ese sentido, colectivos del sur de la ciudad denunciaron la construcción de 56 viviendas en un área verde patrimonial en Fuentes Brotantes, calificándola como una violación ambiental y un ejemplo de desplazamiento encubierto. Ernesto León, joven activista, exigió que las autoridades hagan cumplir las leyes para evitar estos casos.
Por otro lado, el urbanista Federico Taboada opinó que la participación del sector privado en la construcción de viviendas podría ser una estrategia efectiva para atender el déficit habitacional en la ciudad, siempre y cuando se implemen medidas que aseguren el acceso universal a una vivienda digna.
El foro reflejó las tensiones existentes entre el desarrollo urbano y la protección social, y puso sobre la mesa la necesidad de revisar las políticas que actualmente rigen el crecimiento de la Ciudad de México para garantizar derechos y equidad en el acceso a la vivienda.
