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JALISCO “HUACHICOLERO” Y LAS TRES B

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Por: Rocco Palomera

Buen ejemplo

Hacen falta más Uribes en la política de México para que PEMEX asuma su responsabilidad y evite el robo de combustible en manos de la delincuencia, que suele terminar en fugas o derrames poniendo en riesgo poblaciones completas y dañando severamente ecosistemas. Debe defender y asegurar hasta la última gota del hidrocarburo que se produce. Los mexicanos estamos hartos de politiquerías y discursos electoreros que se manifiestan para solucionar la terrible corrupción e impunidad que tiene acuestas la paraestatal.

Las cinco demandas y el recurso jurídico que presentó Alberto Uribe Camacho, Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en contra de PEMEX por su negligencia y omisión el pasado 11 de abril, durante un derrame provocado por una toma clandestina, tuvieron respuesta inmediata, primero con representantes de la empresa que se entrevistaron con él y le prometieron mejorar los protocolos necesarios para disminuir los tiempos de respuesta en la atención a incidentes y evaluar los daños al medio ambiente, mientras las demandas legales siguen su curso. Y segundo, a través de su colega emecista, Salvador Zamora, quien como diputado federal exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Director de PEMEX, José Antonio González Anaya, para que asuman la responsabilidad de sus cargos y eviten este tipo de sucesos: “No podemos seguir teniendo este tipo de incidentes. Esta situación es insostenible debido a que PEMEX daña el patrimonio de los mexicanos, arriesga la vida de nuestros habitantes y destruye el medio ambiente”, aseguró el diputado naranja.

Estas acciones se derivaron tras el derrame de 147 mil litros de gasolina (equivalente a 3,266 tanques de autos compactos) en el subsuelo a metros de una zona habitacional, contingencia en la que fueron desalojadas más de tres mil personas, ante el latente peligro de explosión que ocurre en estos casos, mientras personal de PEMEX se dio el lujo de llegar casi tres horas (les fue bien, en otra fuga reciente de hidrocarburo a un costado de la carretera a Nogales, en Zapopan, la reparación tardó un día por el ridículo motivo de que el equipo de PEMEX para reparar esa falla, estaba en la Ciudad de México, situación que el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus, no denunció).

En voz de Uribe Camacho y datos oficiales de PEMEX, en los últimos cuatro años se han asegurado 17,407 tomas clandestinas en todo el país, casi doce por día, esto nos ha costado casi 160 mil millones de pesos a los mexicanos. Mientras en Jalisco, de 2014 a 2017 se han registrado 1,126 tomas clandestinas, es el sexto lugar en el país, siendo Tlajomulco el municipio donde el problema es más grave con la identificación de al menos 65 tomas clandestinas tan solo en 2017, es decir una cada día y medio. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), hace unos días inició 115 carpetas de investigación derivadas de la localización de 117 tomas clandestinas localizadas en el ducto Salamanca-Guadalajara de PEMEX, principalmente en Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo, Zapopan, Ocotlán, Atotonilco El Alto y Tala.

Buenas intenciones

En el contexto nacional, en el tema de robo de hidrocarburo se habla de que ya son 23 de las 32 entidades federativas en las que los grupos del crimen organizado roban combustible con pérdidas millonarias a diario. Ordeñan ductos de gasolina, diésel, gas, petróleo crudo, o hidrocarburos en general, que suelen salirse de control, terminando en fugas o derrames de combustible que ponen en riesgo a las poblaciones cercanas a los tubos. Un caso alarmante ocurre en el estado de Puebla donde se tienen registros de decenas de comunidades “huachicoleras” de manera cínica, al grado que en ésta entidad, se han clausurado al menos, media docena de gasolineras por vender gasolina de dudosa procedencia, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ante ello, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) durante su última reunión el pasado 18 de mayo en la Ciudad de México, determinó crear once comisiones ejecutivas, para establecer mecanismos de atención enfocados a temas de seguridad, destacando la comisión de Combustible y Energía, en la modalidad de robo y utilización indebida, la cual estará a cargo de los gobiernos de Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó el 28 de abril el dictamen que modifica la Ley Federal para prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para penalizar hasta con 30 años de cárcel y multas de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien robe hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos de PEMEX.
El documento enviado al Senado de la República, para sus efectos constitucionales, detalla que la intención del dictamen es inhibir el robo de combustible, a través del incremento de penas.

Además de que La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó hace unos días, una pena de ocho años de prisión para cinco personas que fueron sorprendidas sustrayendo hidrocarburo de ductos propiedad de PEMEX en Guanajuato. La resolución de la primera sala de la SCJN, se dio luego de varios años de litigio.

Basta de irresponsabilidades

Aunque se multiplique el buen ejemplo de Uribe Camacho, se coordinen los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública en torno al mapa de poliductos de PEMEX y se aumenten las penas legales contra quienes roben combustible en nuestro país, todos los esfuerzos se pulverizarán si PEMEX no propone una solución integral desde sus entrañas. Cada día somos menos los que creemos que a través de la tecnología se logren candados y se cambie la estrategia para evitar la ordeña y robo de hidrocarburo, que insisto, ponen en riesgo miles de vidas a lo largo y ancho del país. En Jalisco tenemos la impune cicatriz de las explosiones de 22 de abril de 1992. Los mexicanos estamos hartos y encabronados de que nos quieran ver la cara ante tanta irresponsabilidad y omisiones de PEMEX. Exigimos cárcel para todos los responsables de lo que parece una red interminable de corrupción e impunidad en torno al robo de combustible y sus consecuencias, incluido el pago injusto del IEPS a la gasolina que pagamos usted y yo, cuando lo ideal sería que el Gobierno Federal baje el precio de la gasolina por cada toma clandestina de combustible que se descubra en los poliductos de PEMEX y beneficiarnos con su incompetencia.

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