El Programa Nacional Alerta AMBER México cumple 12 años de colaboración en Jalisco, una iniciativa que busca acelerar la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en riesgo mediante acciones inmediatas y coordinadas con diversas instituciones.
Desde su incorporación en la entidad el 29 de abril de 2013, el Gobierno de Jalisco ha consolidado un trabajo conjunto con la Fiscalía del Estado, la Comisión de Búsqueda, corporaciones policiales municipales y organizaciones civiles, además de medios de comunicación, para potenciar la efectividad de las acciones de búsqueda.
El programa cuenta con personal especializado en psicología, trabajo social, leyes y criminología, quienes brindan atención inmediata en cada caso. Además, para ampliar su alcance, se instauró en 2013 el Centro de Atención Telefónica, que recibe informes y denuncias ciudadanas relacionadas con menores reportados como desaparecidos.
El mecanismo de activación de Alerta AMBER se basa en la confirmación de la sustracción del menor y la evaluación del riesgo que enfrenta, con el fin de iniciar la búsqueda en las primeras tres horas posteriores a la desaparición, periodo considerado crucial para su localización.
Este programa, que nació en Arlington, Texas, en 1996, se implementó en México en 2011, siendo el primer país de América Latina en sumarse. La iniciativa ha demostrado ser una herramienta fundamental para la protección infantil, permitiendo en múltiples ocasiones la pronta recuperación de menores y su reintegración familiar.
El trabajo interinstitucional y la sensibilización social son los pilares de esta estrategia, cuyo objetivo principal es convertir a la ciudadanía en un aliado activo en la protección de las infancias y adolescencias en riesgo, promoviendo una cultura de colaboración y vigilancia comunitaria.
La sede física del programa en Jalisco se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, en Guadalajara, donde se coordinan las acciones para garantizar la efectividad de las búsquedas y la protección de los derechos de los menores.