El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un exhorto al Congreso de la Unión para reformar la Ley General contra la Trata de Personas y establecer como delito grave el reclutamiento, tanto forzado como voluntario, por parte del crimen organizado. La iniciativa, respaldada por 32 votos a favor, contempla penas de hasta 50 años de prisión para quienes incurran en esta práctica, que afecta a más de 250 mil menores en riesgo en México.
La propuesta busca frenar una problemática que ha ido en aumento en los últimos años, diferenciando claramente entre el reclutamiento violento y aquel basado en engaños o manipulación emocional. Además, establece que esta modalidad de reclutamiento debe reconocerse como una forma de trata de personas, desvinculando así la responsabilidad de las víctimas en estos casos. La iniciativa también contempla penas más severas cuando las víctimas son menores de edad, en un esfuerzo por fortalecer el marco legal y proteger a los sectores más vulnerables de la población.
