El Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán Morelos denuncia que la residencia del senador Gerardo Fernández Noroña presenta múltiples irregularidades legales, incluyendo su ubicación en una zona de protección ecológica y en suelo no habitacional. Según el asesor jurídico del organismo, Carlos Rojas, la adquisición de dicha propiedad no cumple con las normativas vigentes y podría ser objeto de un proceso de restitución de tierras.
Rojas explicó que la escritura pública del senador no sería válida dentro del marco de los bienes comunales, además de que la propiedad cuenta con un gravamen por crédito hipotecario, lo cual no sería posible en terrenos de estas características. Asimismo, afirmó que el predio se encuentra en un área donde no está permitido construir viviendas, y que la adquisición habría sido en efectivo, en una sola exhibición, debido a la irregularidad de la operación.
El asesor advirtió que, dado que en Tepoztlán no existe propiedad privada en el sentido tradicional, toda la tierra está bajo el régimen de bienes comunales. Por ello, el senador no tendría un título de propiedad formal ni podría haber obtenido un crédito bancario para la compra. La vivienda, conocida localmente como “La Casa del Silencio”, está ubicada en las faldas de un cerro, en un sector de alta plusvalía, con un valor estimado en más de 25 millones de pesos, según vecinos.
Los habitantes del pueblo señalaron que la zona está protegida por leyes ecológicas, por lo que la construcción y la tenencia de viviendas en esa área están restringidas. La posible clausura de la vivienda dependerá de las decisiones del ayuntamiento y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La situación ha generado controversia en la comunidad, que sesionará hoy para definir si la propiedad del senador puede ser regularizada o si, por el contrario, se procederá a su restitución, en línea con casos similares en la región, como el de El Castillo. La comunidad reafirma que en Tepoztlán no existe propiedad privada y que todas las tierras son de uso comunal, lo que pone en duda la legalidad de la adquisición de la residencia del senador en un territorio protegido y en suelo no habitacional.
