Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, afirmó que la reforma para extinguir los honorarios de los miembros del Comité de Participación Social (CPS) atenta contra toda la estructura que se creó en el Estado combatir este delito. La activista aseguró que la medida es contradictoria, pues si los legisladores buscan la autonomía del Comité, al dejarlo sin ingresos comprometen su independencia, ya que quienes lo conforman tendrían que buscar un medio de sustento y combinarlo con su labor de tiempo completo en el organismo. Hoy se vota en el pleno del Legislativo la iniciativa para quitarles las percepciones.
