La iniciativa que pretende crear la nueva Ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco avalada por 17 diputados de las fracciones de Movimiento Ciudadano y el PRD contiene elementos que van en contra de 4 exigencias de #FiscalíaQueSirvaJalisco, además de omitir 9 de los 23 puntos por los que desde hace meses distintas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado.
A pesar de que en su exposición de motivos esta iniciativa deja claras algunas de las consecuencias del actual modelo de procuración de justicia y seguridad pública, y reconoce urgente y necesaria su transformación, el documento presentado el 1 de noviembre y que será discutido durante los próximos días en la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco no hace suyos los puntos mínimos de #FiscalíaQueSirvaJalisco.
Apenas uno, el que hace referencia a la autonomía de la Fiscalía es atendido, mientras que 9 son cubiertos de manera parcial, 9 no están contemplados y 4 son incluso contrarios a lo que más de 50 organizaciones junto con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Jalisco propusieron en julio de este año.
El retroceso en esta iniciativa se encuentra particularmente en la falta de independencia del Ministerio Público, pues se propone que éste sea dirigido directamente por el Fiscal, en el pase automático del personal jurídico y administrativo de la actual Fiscalía, en la pulverización de la estrategia de investigación a través de la generación de múltiples fiscalías especiales, así como en la definición unilateral del Plan de Persecución Penal sin la participación de ciudadanos ni especialistas.
De acuerdo con el Comité de Participación Social (CPS), los agentes del Ministerio Público deben realizar sus actuaciones con plena libertad y ser absolutamente responsables de ellas, con autonomía frente a sus superiores. Para ello, requieren contar con garantías para realizar las diligencias de investigación que les permitan la toma de decisiones respecto al destino de las carpetas de investigación y su tratamiento.
Es necesario, además, que las nuevas áreas de la dependencia sólo integren personal de acuerdo al mérito y la capacidad, con infraestructura y presupuesto de operación suficiente para desarrollar investigación científica y litigio en el sistema de justicia penal acusatorio, por lo que las organizaciones que pugnan por una #FiscalíaQueSirva ven en el pase automático un riesgo.
El CPS señaló que la creación de nuevas fiscalías especializadas podría dispersar los esfuerzos institucionales de investigación, persecución y acusación de delitos. Tendría que promoverse, en cambio, la integración de equipos especializados en distintas áreas y con distintos métodos para investigar con éxito los casos complejos.
Finalmente, el CPS manifestó su preocupación en cuanto a que la nueva legislación no contempla el procedimiento de nombramiento, ni las facultades conferidas a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción incorporadas con motivo de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Los 23 puntos de #FiscalíaQueSirvaJalisco hacen recomendaciones claras para fortalecer a la institución con mecanismos de protección de derechos humanos, capacidades de investigación, profesionalización del personal y procesos de contraloría social.
