Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México advierte sobre la presencia de miembros de organizaciones criminales mexicanas en Ucrania, quienes estarían participando en actividades militares con el objetivo de aprender a pilotar drones, en particular modelos FPV (Vista en Primera Persona). La noticia fue compartida con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), que ha iniciado una investigación conjunta con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano para esclarecer la situación.
Según fuentes especializadas, estos individuos habrían ingresado al país con documentación falsa y se habrían unido a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, un cuerpo compuesto por voluntarios extranjeros que luchan en el frente contra las fuerzas rusas. Se ha reportado también la presencia de otros voluntarios provenientes de países como Colombia.
El análisis de inteligencia indica que la participación de estos voluntarios no responde a motivaciones ideológicas, sino a la intención de adquirir conocimientos técnicos en el manejo y uso de drones, que podrían ser utilizados en operaciones delictivas futuras. Expertos en seguridad alertan sobre el riesgo de que estas habilidades se puedan emplear en actividades ilícitas, incluyendo ataques en territorio estadounidense, considerando la cooperación internacional y el interés de los cárteles en ampliar su arsenal tecnológico.
El uso de drones por parte de organizaciones criminales en América Latina ha ido en aumento, con grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana integrando estos dispositivos en sus operaciones. Los drones son utilizados para tareas de reconocimiento, vigilancia, inteligencia, así como en enfrentamientos y ataques directos, incluyendo bombardeos y ataques de propaganda, según expertos en seguridad y análisis estratégico.
La incorporación de tecnología de drones en el crimen organizado refleja una tendencia que plantea nuevos desafíos para las autoridades nacionales e internacionales, quienes trabajan en fortalecer capacidades de vigilancia y control para prevenir su uso en actividades ilícitas y en conflictos armados.
