La Universidad de Harvard anunció el cierre de sus oficinas dedicadas a la diversidad, la inclusión y el apoyo a comunidades minoritarias, LGBTQ+ y mujeres, tras una serie de requerimientos por parte de la Administración del expresidente Donald Trump. La decisión implica la reasignación del personal de estas oficinas, que suman aproximadamente 50 empleados, hacia una nueva entidad dentro de la Oficina de Cultura Académica y Comunidad (OCC).
Según un comunicado enviado por el decano de Harvard, David J. Deming, a través de un correo electrónico dirigido al personal, los servicios ofrecidos a los estudiantes continuarán disponibles pese a los cambios estructurales. Deming afirmó que la reorganización refleja el compromiso de la universidad con la creación de un entorno inclusivo, donde estudiantes de diversos orígenes puedan aprender y desarrollarse.
La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gobierno de Trump, que en su momento exigió a Harvard eliminar referencias a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La Administración acusó a la universidad de no abordar adecuadamente el antisemitismo en su campus y de violaciones a derechos civiles de estudiantes judíos, entre otras reclamaciones. Además, intentó impedir la matriculación de estudiantes extranjeros y congeló fondos federales por un valor superior a los 2.000 millones de dólares, medidas que aún están en disputa judicial.
En abril pasado, abogados del gobierno enviaron un memorando confidencial a Harvard, señalando a una de sus fundaciones relacionadas con relaciones interculturales como posible candidata a ser eliminada, y advirtiendo sobre futuras demandas. En respuesta, la universidad renombró y reorganizó sus oficinas de diversidad, eliminando referencias explícitas a DEI, en cumplimiento con las políticas exigidas por la administración Trump.
Harvard ha manifestado que, aunque haya cambios en la estructura administrativa, su compromiso con la inclusión y el apoyo a comunidades diversas se mantiene firme. La decisión refleja la compleja relación entre las instituciones académicas y las políticas gubernamentales en un contexto de tensiones y reclamos legales.
