El hallazgo de los cuerpos sin vida de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de Jalisco, tras un enfrentamiento entre civiles armados en Sinaloa, dejó de manifiesto la persistencia del reclutamiento forzado de menores por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A pesar de investigaciones y sentencias recientes, la estructura criminal que capta y traslada jóvenes para actividades ilícitas en distintos estados del país sigue operando, mientras las desapariciones de menores aumentan y las respuestas institucionales resultan insuficientes.
Desde el verano de 2024, Jalisco ha registrado un incremento en la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años, fenómeno que especialistas y autoridades vinculan con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
El caso de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, ambos de 16 años, quienes desaparecieron en mayo y fueron localizados sin vida el 14 de julio de 2025 en la comunidad El Pozo, en Culiacán, ilustra esta problemática.
Según la Fiscalía de Jalisco, los adolescentes fueron contactados a través de redes sociales, trasladados primero a Zacatecas para recibir adiestramiento en el uso de armas, luego llevados a Nayarit y finalmente enviados a Sinaloa, donde participaron en un enfrentamiento armado.
Testimonios de personas que han escapado de este circuito criminal han permitido a las autoridades identificar que al menos otras cuatro personas reportadas como desaparecidas en Jalisco se encuentran bajo condiciones de reclutamiento forzado en Sinaloa.
Jalisco se registra como el estado con mayor número de desapariciones
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Según datos del gobierno estatal, Jalisco suma 15 mil 838 personas desaparecidas, de las cuales 702 casos corresponden a lo que va de 2025.
El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), basándose en información federal, advirtió sobre el aumento de desapariciones de adolescentes y sostiene la hipótesis de que este repunte está relacionado con el reclutamiento forzado.
Por su parte, el coordinador estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón, señaló que desde el inicio de la actual administración se han detectado 65 casos de menores posiblemente enrolados por la delincuencia organizada.
Rancho Izaguirre y deficiencias institucionales
En este contexto, el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se mantiene como un referente de la maquinaria de desaparición y reclutamiento del CJNG, así como de las deficiencias institucionales en la investigación y procesamiento judicial.
El 18 de septiembre de 2025 se cumplirá un año desde que la Guardia Nacional descubrió este sitio, donde se detuvo a 10 hombres, se liberó a dos personas retenidas y se localizó el cuerpo de una víctima aún no identificada, sin embargo, la información pública sobre el operativo presenta contradicciones: mientras el comunicado oficial de la Guardia Nacional aseguró que no hubo disparos, el Informe Policial Homologado menciona un enfrentamiento armado.
Los 10 detenidos en el rancho Izaguirre recibieron una sentencia de 141 años y tres meses de prisión, además de una multa de 1.3 millones de pesos como reparación del daño. Siete de ellos, junto con un presunto reclutador, enfrentan procesos adicionales en otras cinco carpetas de investigación, tras ser reconocidos por más víctimas que estuvieron cautivas en el mismo lugar.
Todas las audiencias del juicio se realizaron de manera privada y, hasta la fecha, el Consejo de la Judicatura del estado no ha entregado una versión pública de la sentencia.
Presunta participación de la policía en operaciones del crimen organizado
El fiscal estatal considera que la condena representa un precedente ejemplar e informó que la dependencia a su cargo da seguimiento a la apelación presentada por la defensa de los sentenciados. Además, recordó que tres policías de Tala están vinculados a proceso por presuntamente entregar a una persona a los responsables del rancho Izaguirre, aunque reconoció que no existen vínculos formales entre estas investigaciones.
Hasta el momento, la dependencia federal logró la vinculación a proceso de José Gregorio “N”, alias El Lastra, presunto encargado de la operación del rancho, así como la del exalcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, acusado de colaborar con el grupo delictivo.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco inició una investigación sobre posibles malas prácticas procesales. Esta dependencia señaló que investiga a 12 funcionarios públicos, incluidos agentes del Ministerio Público y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, aunque hasta ahora no ha imputado ni vinculado a proceso a ninguno.
Mientras las investigaciones y procesos judiciales avanzan con lentitud y entre señalamientos de omisiones, la estructura de reclutamiento forzado del CJNG en Jalisco permanece activa, dejando a decenas de familias en la incertidumbre y la búsqueda de justicia.
Con información de Infobae.
