Preocupado por la constante incidencia delictiva que se registra en el estado, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hace un llamado enérgico y respetuoso para que las autoridades estatales y municipales garanticen el derecho humano a la seguridad pública y a la integridad personal y patrimonial de todas las personas en el estado.
Este llamado se suma al pronunciamiento público realizado por la CEDHJ el pasado 8 de agosto a las autoridades estatales y municipales para que redoblaran esfuerzos con el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad.
Sobre la base de que la seguridad forma parte importante de la integridad de los derechos humanos, y que es responsabilidad del Estado garantizarla, en su sesión mensual, los integrantes del Consejo, junto con el titular de esta defensoría, acordaron solicitar a las autoridades locales que, sin apartarse del marco legal y el respeto de los derechos humanos, logren construir y aplicar políticas públicas eficaces y eficientes que abonen a la prevención del delito en cualquiera de sus modalidades.
Para la CEDHJ y su Consejo no pasa inadvertida la creciente y constante preocupación social que en las últimas semanas se ha intensificado por la violencia contra las mujeres, además del robo a transeúntes, vehículos, casas habitación y negocios, así como las agresiones graves contra jóvenes universitarios que incluso ha costado vidas, y de lo cual han dado cuenta diversos medios de comunicación.
De estos hechos quedan víctimas, a quienes es urgente dar una respuesta y reparación, además de una exigencia de justicia, pero también se hace evidente que el Estado, mediante sus instituciones de seguridad, debe actuar para frenar la creciente inseguridad.
Esta defensoría recibió el 1 de septiembre la queja que interpuso el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela, en representación del alumnado de diversos planteles educativos de la Universidad de Guadalajara que han sido víctimas de la inseguridad.
Paralelamente, se recibió la inconformidad de tres activistas sociales exigiendo las garantías del derecho humano a la seguridad pública. En ambas quejas se emitieron medidas cautelares para que las instituciones de seguridad pública estatal y municipal dispongan de las medidas inmediatas de vigilancia, prevención y protección, y realicen una coordinación interinstitucional para optimizar de manera más efectiva dichas medidas.
Al dirigente estudiantil se le informó que el pasado 22 de agosto este organismo abrió el acta de investigación 28/2017/II, basada en las denuncias difundidas por varios medios de comunicación, referentes al repunte de los delitos fuera de las preparatorias y centros universitarios.
Esta Comisión exhorta a las autoridades en nuestro estado para redoblar esfuerzos y generar las acciones necesarias con el fin de garantizar el derecho a la seguridad de toda la sociedad y reducir el riesgo de hechos delictivos.
