Las autoridades militares en Los Ángeles informaron que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la ciudad tienen la facultad temporal para detener civiles, en el marco de las protestas relacionadas con las recientes redadas migratorias. La información fue confirmada por el mayor general Scott Sherman, quien lidera el operativo en la región.
Durante una rueda de prensa, Sherman explicó que esta autorización se otorga “estrictamente para la protección del personal federal y de los edificios federales”, permitiendo que las tropas puedan detener temporalmente a las personas y esperar la llegada de las fuerzas del orden para proceder con los arrestos. No obstante, aclaró que las tropas no están habilitadas para realizar arrestos ni ejercer funciones de policía, limitándose a la protección de las instalaciones.
El despliegue, que involucra aproximadamente 4,700 efectivos entre la Guardia Nacional y los Marines, busca contener las protestas y brindar seguridad en medio de la escalada de tensiones. De estos, cerca de 500 soldados han recibido capacitación específica para acompañar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en operativos migratorios, según detalló Sherman.
Por otra parte, los Marines están siendo sometidos a un entrenamiento especializado en la Estación Naval de Seal Beach, centrado en técnicas de manejo de multitudes y uso de armas no letales, en preparación para posibles intervenciones futuras.
Sherman también advirtió que las protestas, que se han extendido a otras localidades y países, podrían intensificarse en los próximos días en Los Ángeles. Sin embargo, en la jornada se observó un ambiente relativamente más calmado en las calles, en comparación con días anteriores.
Aún no hay una fecha definida para la participación activa de los Marines en el control de manifestaciones, ya que estos efectivos no han completado su entrenamiento en reglas de uso de la fuerza y técnicas específicas. La incertidumbre sobre su despliegue ha generado atención en los medios nacionales.
El gobierno federal, bajo la administración del presidente Donald Trump, ordenó el despliegue de miles de militares en respuesta a las protestas por las redadas migratorias, en una operación cuyo costo se estima en 134 millones de dólares para un período máximo de 60 días, cubriendo gastos de transporte, alojamiento y logística.
Esta medida ha generado controversia y debate sobre las implicaciones del uso de fuerzas militares en tareas de control civil en una ciudad como Los Ángeles.
