El gobierno de México ha solicitado que la segunda audiencia del boxeador Julio César Chávez Jr. se lleve a cabo mediante videoconferencia, debido a preocupaciones sobre su seguridad durante el traslado al juzgado en Hermosillo, Sonora. La petición busca evitar riesgos asociados a la ruta de más de 40 kilómetros que atraviesa zonas controladas por diferentes facciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo La Chapiza y Los Salazar, en medio de una pugna violenta que ha dejado más de 200 muertos en el último año.
Chávez Jr., de 39 años, fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México el pasado martes, tras ser detenido en Anaheim, California, por ingresar de manera ilegal y por presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Posteriormente, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, en Hermosillo, un penal de máxima seguridad ubicado en una zona desértica.
El documento oficial dirigido al juez de Control, Enrique Hernández Miranda, señala que la solicitud de realizar la audiencia por videoconferencia responde a la necesidad de garantizar la integridad física del imputado, del personal judicial y de las fuerzas de seguridad. La audiencia está programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas.
En caso de que la audiencia se realice en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, las fuerzas de seguridad tendrían que trasladar a Chávez Jr. por caminos que atraviesan territorios controlados por facciones enfrentadas, lo que incrementa el riesgo de incidentes violentos.
El hijo del legendario Julio César Chávez enfrenta cargos en México por delincuencia organizada y tráfico de armas, y en Estados Unidos se le acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de no contar con documentación legal para permanecer en ese país. Fue deportado a Sonora el lunes 18 de agosto, tras su detención en julio en Estados Unidos, después de perder una pelea ante Jake Paul.
La petición del gobierno refleja la preocupación por la seguridad del deportista y de las personas involucradas en el proceso judicial, en un contexto de alta tensión y violencia en la región.
