El Gobierno de Jalisco condena la intervención indebida en territorio estatal por parte de la Presidenta Municipal de El Nayar, Nayarit, quien ingresó de manera irregular a la comunidad wixárika de Tateikie, en San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, y realizó actos de gobierno acompañada por personal y elementos de seguridad. La autoridad jalisciense anunció que presentará una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se deslinden responsabilidades.
El gobernador Pablo Lemus Navarro expresó su rechazo a la acción, calificándola como una violación a la soberanía del estado y a la autonomía de los pueblos originarios. “No vamos a permitir que ninguna persona de otro estado viole nuestra soberanía ni que hagan promoción político-electoral, especialmente tras las suspensiones otorgadas por la SCJN. Hago un extrañamiento a la Presidenta Municipal de El Nayar y advirtimos que, de repetirse, procederemos a detener a quienes participen”, afirmó.
La intervención ocurrió en el marco de una controversia constitucional promovida por Jalisco contra un decreto de Nayarit que busca modificar límites territoriales, afectando directamente a Mezquitic y a la comunidad wixárika. La resolución de la Corte establece que, en tanto se resuelve el fondo del juicio, ninguna autoridad puede realizar actos de gobierno en la zona en disputa, ni nombrar autoridades o intervenir en el territorio, reconociendo a la comunidad como parte de Jalisco.
La acción de la alcaldesa de El Nayar, Imelda Escobedo, fue considerada una invasión al territorio jalisciense y una violación a la suspensión judicial vigente. En respuesta, la comunidad retuvo a la autoridad y a su equipo, así como a elementos de la policía municipal de Nayarit. Posteriormente, el Gobierno de Jalisco, mediante la Secretaría General de Gobierno, instaló una mesa de diálogo con la participación de representantes del Gobierno de Nayarit y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Como resultado, la alcaldesa y su comitiva fueron liberadas y retornadas a su municipio bajo protección de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El mandatario estatal señaló que esta acción fue una respuesta inmediata y necesaria ante la violación a la soberanía estatal y a los derechos de la comunidad wixárika. “Es una imprudencia y una invasión que no podemos tolerar. La defensa de nuestro territorio y el respeto a los derechos indígenas son prioridades”, declaró.
Jalisco anunció que continuará colaborando estrechamente con Nayarit y mantendrá vigilancia para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Además, recordó que en marzo de 2025 la SCJN solicitó al municipio de El Nayar dejar sin efectos actos que contravienen la suspensión, como el nombramiento de un juez auxiliar en la comunidad, promovido por el propio municipio en enero pasado.
El Gobierno estatal reafirma su compromiso con la protección de los pueblos indígenas, la integridad territorial y el respeto al Estado de Derecho, asegurando que no permitirá la vulneración de su soberanía ni la violación de los derechos de las comunidades originarias.
