• Pide sea sancionada la empresa contratada por incumplir la entrega de 170 patrullas en enero y febrero
• Informa que el Consejo de Participación Social incluyó este tema entre los asuntos paradigmáticos que están cuestionados por presunta corrupción ante la opinión pública
A dos meses que se solicitó la información, la Regidora Mariana Fernández Ramírez denunció que el Gobierno de Guadalajara no ha explicado las dudas que se tienen en el arrendamiento de vehículos y equipo para la Comisaría de Seguridad Pública, como es el costo y pago a sobreprecio de las unidades, los estudios de mercado y los fundamentos jurídicos y las facultades presupuestarias del Comité de Adquisiciones en este proceso de licitación, la que consideró ilegal por tratarse de un contrato multianual y que debe ser autorizado por el Pleno del Ayuntamiento.
A esta opacidad se suma el incumplimiento de la empresa Integradora de Apoyo Municipal, S.A de C.V., porque no ha entregado 170 patrullas que estaban comprometidas en enero y febrero de este año, por lo que solicitó sea sancionada por cerca de cuatro millones de pesos, tal como lo estipula el contrato de arrendamiento. A la fecha, añadió, sólo han entregado 25 motocicletas, a pesar de que el gobierno cumplió con la entrega de un anticipo.
“El atraso no es solamente un tema lo que el Ayuntamiento está perdiendo en el contrato, sino lo que están perdiendo las y los tapatíos de no tener 170 patrullas circulando en las calles de Guadalajara”, refirió.
De acuerdo al contrato de arrendamiento, en enero la empresa debió haber entregado 25 motocicletas y 70 camionetas; en febrero, 100 camionetas; y a finales de marzo deberá terminar la entrega con 120 camionetas, otras 10 blindadas, tres tipo 4×4, 75 motocicletas, 20 autos eléctricos, 300 bicicletas, 40 vehículos eléctricos de dos ruedas, 340 pares de tenis e igual número de cascos. El gasto total de este arrendamiento es de 792 millones de pesos en un contrato multianual hasta 2024.
Lamentó que a la fecha se desconoce el valor de cada patrulla, tampoco se conoce cómo fueron elegidos los testigos sociales en el Comité de Adquisiciones y cómo votan los representantes de las cámaras empresariales.
La Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social recordó que el grupo edilicio de Morena en el Ayuntamiento presentó una iniciativa para que las y los regidores de los grupos de oposición puedan ser parte del Comité de Adquisiciones y vigilar la adjudicación en las compras.
Este tema, dijo la Regidora Fernández Ramírez, además de que debe ser revisado por la Contraloría Ciudadana, ya lo incluyó en sus investigaciones el Consejo de Participación Social dentro de sus casos paradigmáticos por su presunta corrupción, como sucede con Proyecto Iconia, las Villas Panamericanas y el programa “A Toda Máquina”, entre otros.
Además de que se solicitó una investigación por este arrendamiento ante la Secretaría de la Función Pública, dijo la Regidora Fernández Ramírez, también se pedirá a la fracción legislativa de Morena en el Congreso del Estado solicite la intervención de la Auditoría Superior del Estado para revisar en tiempo real este proceso.
