Por: Verónica Juárez Piña
A pesar de que durante su campaña una y otra vez prometió que terminaría con los “gasolinazos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su segundo año de gobierno con un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, entre otros productos.
Al no cumplir su promesa, el presidente y su partido, afectarán particularmente a los más pobres que presumen defender, porque este aumento tendrá un drástico impacto en el encarecimiento de diversos productos y servicios, particularmente en la canasta básica y el transporte público.
El gobierno federal argumenta que el incremento no es tal en términos reales, sino que sólo se aumenta el impuesto conforme a la inflación, pero esta demagogia discursiva no evita el desfalco, “en términos reales”, al bolsillo de los consumidores.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), lo real y único cierto y verificable es que el consumidor deberá desembolsar más por cada litro del combustible, lo que irremediablemente se traducirá en aumento de costos para productores, distribuidores y comercializadores, lo cual a su vez impactará en mayores precios al consumidor.
Con la argucia de “actualizar” el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a combustibles automotrices, el gobierno cobra a partir del 1 de enero de 2020 un promedio aproximado de 3% más por cada litro a los compradores de gasolina y diésel, lo que no es otra cosa que otro “gasolinazo” disfrazado.
Así, durante este año el gobierno de López Obrador cobrará 4.95 pesos de IEPS por cada litro de gasolina menor a 91 octanos –los cuales determinan la calidad de combustión en los automotores, en ese caso, la gasolina “regular”- en lugar de los 4.81 pesos cobrados en este 2019.
Igualmente cobra de IEPS 4.18 pesos por litro de gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium), en lugar de los 4.06 pesos del año anterior, y 5.44 pesos por litro de diésel en lugar de los 5.28 de antes.
Lo anterior significa que casi la cuarta parte del precio de estos combustibles es por el pago del IEPS. Dicho de otro modo, si alguien llena el tanque de su vehículo con mil pesos, podría hacerlo con un aproximado de 750 pesos.
El aumento impuesto por el gobierno morenista irremediablemente se traducirá en encarecimientos para la industria, la agricultura, la pesca, la aviación, el transporte y muchos otros sectores que usan esos u otros combustibles, como propano, butano, gasavión, turbosinas, kerosenos, petróleo, carbón y otros combustibles fósiles cuyas tasas de IEPS también “se actualizan”.
Así lo evidencia, por ejemplo, el que los “pulpos camioneros” de varias entidades de la República se aprestan a elevar sus tarifas, como en el Estado de México, hasta en 20%, tanto con el pretexto del aumento en las gasolinas, así sea por el aumento del IEPS, como por otras razones.
Aumentos “mínimos” como éstos provocaron que a lo largo de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto la gasolina se encareciera en más de 70% y 100%, respectivamente, lo que generó malestar de la ciudadanía hacia sus gobiernos, como ya lo provocó la reciente publicación del Acuerdo gubernamental de López Obrador que actualiza el IEPS.
El argumento del Presidente de la República, en el sentido de que el aumento sólo es nominal y no real dado que el porcentaje de aumento al IEPS es semejante al de la inflación, no es más que un truco discursivo análogo al que usaron sus antecesores para “justificar” el encarecimiento de los energéticos.
En última instancia, el gobierno y sus legisladores de Morena, PES, PVEM, PT y otros partidos adláteres al gobierno tuvieron la oportunidad de modificar los términos en que se aplica el IEPS, como se los ha propuesto el PRD en múltiples ocasiones, y no lo hicieron, de modo que prefirieron seguir con la aplicación de la vieja fórmula de “actualizar” ese gravamen. Pues la razón de fondo es que, el IEPS a gasolinas y diésel, de enero a octubre, fue el único impuesto que creció extraordinariamente con 61.6%, según revelan las cifras oficiales (SHCP).
Mientras, todos los impuestos más importantes para las arcas nacionales, están en terreno negativo: el ISR y el IVA, retroceden -1.2% y -3.2%, respectivamente. Y, ni que esperar de los ingresos petroleros, los cuales, siguen profundizando su bache negativo en alrededor de 22.5%, a la baja.
No debe olvidarse, que los menores ingresos públicos recaudados, así como los dos trimestres en recesión de la economía y el estancamiento del crecimiento, se deben a las malas decisiones de política económica impuestas por el Presidente, como la de cancelar la construcción del NAIM, entre innumerables más.
Lo que omite decir el Presidente Andrés Manuel en sus mañaneras, es que, para subsanar el desbalance de las finanzas públicas, ocasionado por el mayor gasto asistencial y electoral; y, agravado por la menor recaudación de impuestos, Hacienda ya ha anticipado, reiteradamente (desde julio), que van a tomar 130 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), recursos que, por más de una década ahorraron los gobiernos de sus antecesores.
En la perspectiva de la bancada del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, nada hay que obligue al gobierno a elevar este o cualquier otro impuesto “en términos reales” más que su necesidad de contar con recursos para sufragar sus programas clientelares y electoreros en detrimento de la inversión para reactivar la economía.
Si el gobierno utilizara estos recursos en promover la producción, generar empleos sustentables o siquiera para fortalecer al transporte público –como se lo propuso en una iniciativa relacionada con este impuesto el diputado Raymundo García Gutiérrez- tal vez tendría alguna justificación la “actualización” anual de este impuesto, pero no es el caso.
