Florida, un estado de EE.UU. donde es migrante alrededor del 20 por ciento de la población, contará a partir del 1 de julio con una dura ley migratoria que, según sus críticos, “deshumaniza” a los indocumentados y perjudica a la economía local.
Las voces contra la ley, que se han escuchado a lo largo de todo el trámite legislativo, se acrecentaron con la llegada del texto al despacho del gobernador Ron DeSantis para su firma, que nadie duda que estampará, pues es el promotor.
Esta legislación busca crear una frontera falsa entre Florida y el resto de Estados Unidos. Está destinada a criminalizar a las personas que aún atraviesan por el complicado proceso de migración y a sus familias y amigos que visitan el estado”, dijo la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Tessa Petit.
Renata Bozzetto, subdirectora de Florida Immigrant Coalition, lamentó que “un proyecto de ley con tantos problemas y con un increíble potencial de daño haya sido acelerado y todas las enmiendas rechazadas”.
“Este no es un problema rojo (republicano) o azul (demócrata), es un problema humano”, subrayó Bozzetto.
Las críticas a la ley vienen también desde el lado económico.
Samuel Vilchez Santiago, director en Florida de la American Business Immigration Coalition (ABIC), advirtió en declaraciones a EFE cuando el proyecto estaba todavía en el Congreso que “exacerbará severamente la aguda escasez de mano de obra en Florida” y eso perjudicará a los negocios y a los consumidores.
“Nuestras empresas tienen una gran necesidad de trabajadores en industrias clave como la construcción, la hospitalidad, la atención médica y la agricultura, que dependen en gran medida del trabajo de los inmigrantes indocumentados para mantener sus puertas abiertas”, añadió.
Como ejemplo, Vilchez dijo que en Florida por cada 100 puestos de trabajo abiertos solo se presentan 70 candidatos.
Los puntos clave de la ley que entrará en vigor el 1 de julio próximo son los siguientes:
– Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.
– Obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.
