Florida ha dado un paso decisivo en su política migratoria con la reciente aprobación de una ley que convierte la migración ilegal en un delito estatal, alineándose con la agenda del expresidente Donald Trump.
El 13 de febrero, el gobernador Ron DeSantis firmó un decreto que intensifica el trato hacia aquellos con estatus migratorio irregular, convirtiendo a Florida en el estado con las leyes más severas del país en este ámbito. Durante la firma, DeSantis afirmó que la administración Biden había «invitado» a los inmigrantes ilegales a cruzar las fronteras, lo que, según él, justifica la necesidad de que todos los estados actúen en consecuencia.
“Ahora, todos los estados de la nación tienen la oportunidad y el deber de seguir el ejemplo de Florida y promulgar las leyes más estrictas posibles para restaurar la soberanía de Estados Unidos”, declaró DeSantis en su cuenta de X. La nueva legislación obliga a las fuerzas del orden estatales y locales a colaborar con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados, y prevé que los funcionarios que se nieguen a cumplir con esta directiva sean destituidos.
Entre las medidas más controvertidas de la nueva ley se encuentra la imposición de la pena de muerte para los migrantes ilegales que cometan homicidio en el estado. Además, delitos que antes eran considerados administrativos, como el fraude electoral, ahora se procesarán como crímenes con penas de prisión.
Los puntos clave de la nueva legislación incluyen:
- La migración ilegal se convierte en delito estatal.
- Pena de muerte automática para migrantes ilegales que cometan asesinato.
- Obligación para las autoridades estatales y locales de apoyar a la administración federal en la lucha contra la migración ilegal.
- Posibilidad de destitución para funcionarios que se resistan a colaborar.
- Eliminación del sistema de captura y liberación, y presunción de no otorgar fianza.
- Prohibición de la matrícula estatal para migrantes.
- Aumento de sanciones penales para pandillas, como el Tren de Aragua.
- Procesamiento por fraude electoral por primera vez para migrantes.
Esta ley ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones éticas y legales, y se espera que la implementación de estas medidas continúe polarizando la opinión pública tanto a nivel estatal como nacional.
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