Inicio COLUMNA INVITADAS Fiscalía sin partidos

Fiscalía sin partidos

118
0
Compartir

Por: Alfonso Partida Caballero

En un Estado calificado entre los más corruptos a nivel nacional, el primer paso para lograr una fiscalía autónoma es sin duda que los poderes Ejecutivo y Legislativo-y junto con estos los partidos políticos- saquen las manos del proceso de transformación.

A la sombra de la sociedad a la que se deben, los políticos han incurrido en actos de complicidad para manipular leyes e instituciones que, en vez de combatir y castigar conductas ilegales, las fomentaron “en lo oscurito”, dejando un Estado carcomido, débil y con pocas expectativas.

Digamos que en materia de impartición de justicia hemos tocado fondo. Mas no creamos que no podríamos estar peor. Y culpar al nuevo sistema de justicia, es una justificación estúpida, impulsada por miopes visiones que solo pretenden fomentar confusión en una sociedad cuya mayor característica es la falta de credibilidad.

Si queremos aprovechar la oportunidad y lograr una fiscalía al nivel de las necesidades, realmente autónoma, ajena a otros intereses, es menester -insisto- establecer un debate social sin la intervención de los poderes gubernamentales y ajeno a los intereses de los partidos políticos.

Excluir a funcionarios públicos y a partidos políticos, garantizará la deseada autonomía. Los militantes partidistas, tarde o temprano son designados para administrar y ocupar cargos públicos. En vez de ofrecerles la oportunidad de decidir en la conformación de las instituciones, ellos deben ser vigilados, investigados y, en caso de que cometan conductas reprochables, castigados e inhabilitados.

Un criterio básico de exclusión rumbo a la nueva Fiscalía, es que ningún miembro partidista -que en su momento podría ser sujeto de responsabilidad- pueda participar en el proceso, desde los debates hasta su integración.

Los tres poderes solo deberán ser facilitadores. Se debe separar del debate a los políticos sin escrúpulos que utilizaron la creación de esta institución como botín político y manipulación mediática. De manera contundente, se debe precisar qué se entiende por institución autónoma, garantizando constitucionalmente la suficiencia presupuestal, de operación técnica y libertad de investigación, atribuciones para nombrar a sus autoridades y administrar su patrimonio constitucionalmente.

Otra garantía que debe gozar la institución, es asegurar desde la óptica constitucional el ingreso, promoción y permanencia de manera transparente y profesional de sus elementos. Esta fiscalía deberá contar con un cuerpo de investigación profesional y técnico que garantice el apoyo y cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Lucha Anticorrupción.

Existen ejemplos internacionales como los de Brasil, Perú y Chile, que pueden ilustrar esta creación en Jalisco. Se debe discutir además la transformación de la Auditoría Superior del Estado en un Tribunal de Cuentas Autónomo, que garantice las mejores práctica en materia de rendición cuentas.

Aprovechemos la oportunidad y dejemos de lado las simulaciones.

Comments

comments