Por: Héctor Romero González
Ahora fue el Congreso de Veracruz el que ha dado de que hablar con motivo de su arbitrariedad al suspender temporalmente al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler.
Hace apenas un par de semanas escribí sobre la importancia de que las Fiscalías o Procuradurías de Justicia a nivel estatal gocen de autonomía constitucional, es decir, que sus titulares no sean designados por “dedazo” de los gobernadores y cuenten con la capacidad de decidir libremente de la forma en que conducen sus investigaciones, sin la injerencia del resto de los poderes públicos.
La mayoría de las entidades federativas han reformado las constituciones locales para establecer que las Fiscalías no formen parte de la estructura del Poder Ejecutivo dotándoles de autonomía, con la premisa que ello contribuirá a evitar que las pesquisas se desarrollen ajenas a intereses políticos y mediáticos. Entre ellas está Veracruz.
Desde el 2016, la legislatura de dicha entidad, con el voto favorable de la totalidad de bancadas representadas en el Congreso, salvo por MORENA, eligió a Jorge Winckler como Fiscal General del Estado. Si bien creo que el procedimiento que se ha establecido para designar a los Fiscales Generales no es el ideal, especialmente por lo escueto de los requisitos que se exigen para contender al no permitir una evaluación efectiva sobre experiencia y preparación académica en materia de procuración de justicia, lo cierto es que el proceso en el cual se designó a Winckler se llevó a cabo de manera apegada a derecho.
No obstante, el pasado tres de septiembre el Congreso de Veracruz, mediante la aprobación de un punto de acuerdo determinó separar del cargo temporalmente al Fiscal. Lo grave es que existen dos versiones sobre la remoción. Públicamente se le ha linchado y se señalan como causas de la remoción ser un operador político de Miguel Ángel Yunes y proteger a un cártel, alegaciones que escalaron mediáticamente por la liberación del presunto atacante del Caballo Blanco en Coatzacoalcos.
La realidad es que únicamente se decretaron medidas cautelares porque, supuestamente, el Fiscal no se sometió a pruebas de “control de confianza”, sin que ello haya sido siquiera corroborado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, responsable de la práctica de dichos controles.
Esto es un ejemplo más del abuso en que han incurrido diversos legislativos locales de las medidas cautelares, las cuales tienen por finalidad asegurar la ejecución de la sentencia de condena que se dicte, no resolver un procedimiento desde su inicio.
Los procedimientos de responsabilidades no pueden, ni deben tomarse a la ligera. Las remociones o suspensiones de funcionarios de manera discrecional ponen en riesgo el equilibro e independencia que debe existir entre los poderes públicos entre sí y respecto a los organismos autónomos.
Si existen causas graves que impliquen responsabilidad o ameriten la remoción de un funcionario, deberán agotarse con oportunidad los procedimientos correspondientes, pero es un atentado contra el Estado de Derecho que se abuse de medidas cautelares para designar funcionarios carnales del poder en turno y remover aquellos que resulten incómodos.
Esta reflexión no implica un posicionamiento a favor del desempeño del Fiscal removido, sino de la importancia de evitar que se debilite la democracia mediante albazos de los congresos locales, que se han vuelto costumbre.
Ahora, deja aún más en claro que la pretensión del congreso veracruzano era controlar políticamente la institución, el hecho de que se haya designado como encargada de despacho a Verónica Hernández, quien tiene nula preparación y experiencia en el rubro de procuración de justicia y fungía como titular de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Cuitláhuac García.
Los diputados vapulearon las garantías de independencia y autonomía que deben revestir a la Fiscalía de las entidades, aprovechando una tragedia para obtener un triunfo político mediante la desinformación. Se duelen de que Winckler era un “Fiscal Carnal” del PAN, pero lo único que hacen es designar una “Fiscal Carnal” de MORENA.
La #LeyBonilla, las reducciones presupuestales de organismos constitucionalmente autónomos, los intentos de modificación de la integración de órganos jurisdiccionales y las remociones arbitrarias de titulares de entes autónomos son una alerta para las instituciones democráticas, cuyo funcionamiento ajeno a intereses políticos está en riesgo.
@hecromg
