El gobierno de Filipinas confirmó que la Corte Penal Internacional (CPI) inició una revisión preliminar de la queja contra el presidente Rodrigo Duterte por las muertes ocurridas en su guerra contra las drogas.
El presidente Duterte da la bienvenida a esta revisión preliminar porque está cansado de las acusaciones que se le hacen con ese motivo, dijo su vocero Harry Roque.
Y si la queja prospera, el mandatario tiene la voluntad de enfrentar a la CPI, aunque cuestionándole acerca de los motivos para proceder en su contra, señaló Roque, de acuerdo a un reporte del sitio informativo Rappler.
El examen preliminar es la primera etapa del posible proceso que podría seguir adelante la CPI, que persigue crímenes como genocidio, crimenes contra la Humanidad o crímenes de guerra.
Mientras tanto la oficina del fiscal filipino hará una revisión para establecer si hay procedimientos genuinos y conducidos acorde a las norma del sistema filipino de justicia.
La CPI solo puede actuar si determina que en Filipinas no hay voluntad o capacidad para llevar adelante la investigación.
Roque, quien además de vocero presidencial es experto en leyes internacionales, señaló que la inmunidad de que goza Duterte solo lo protege mientras sea jefe de Estado.
En todo caso, precisó que las muertes que han sucedido en la guerra contra las drogas que inició Duterte, no constituyen crímenes contra la Humanidad porque se trata del combate policial al tráfico de drogas.
La posición de Duterte de dar la bienvenida a los procedimientos de la CPI contrastan con sus declaraciones de octubre de 2016, cuando amenazó con retirarse de la Corte al enterarse que esta seguía de cerca su guerra contra las drogas.
Si Filipinas se llega a retirar de la CPI, los procedimientos en marcha no serían afectados según el Estatuto que norma al organismo.
Duterte inició su gestión presidencial el 30 de junio de 2016 y de inmediato comenzó su guerra contra las drogas, heredera de la políica que aplicó contra narcotraficantes y adictos cuando fue alcalde de la la sureña ciudad de Dávao.
Su guerra incluye la orden de asesinar a presuntos narcotraficantes y dar protección a los policías que lo hagan.
La causa que sigue la CPI parte de la demanda del abogado filipino Jude Josue Sabio, quien acusa a Duterte de ser el autor intelectual de la campaña que ha provocado la muerte de nueve mil 400 personas es de 1988, cuando asumió la alcaldía de Dávao.
Las cifras de personas muertas en esta guerra difieren entre los números oficiales y los de organizaciones de derechos humanos, pero en ambos casos son dígitos sustanciales.
Para el gobierno filipinos los asesinados suman tres mil 968 hasta principios de este año, mientras Human Right Watch (HRW) los lleva a más de 12 mil y la Iglesia Catóica filipina a más de 13 mil.
La disparidad de las cifras oficiales y de ONG’s exige una investigacion independiente, señala HRW.
