Varias ONG mexicanas expusieron este miércoles que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a una activista, a una periodista y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por los Zetas en 2011.
En un comunicado, expusieron que la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), «desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas», además «dejó de lado su deber de esclarecer los hechos».
