La Fiscalía General de la República investiga 11 suicidios de mujeres ocurridos el año pasado en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos, que no fue construida para albergar a mujeres y donde hay mil 174 reclusas.
Según explicó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, durante la mañanera, la ‘ola de suicidios’ comenzó en marzo del año pasado y concluyó en diciembre, cuando se puso en marcha un plan integral para evitar que siguieran repitiéndose estos sucesos y analizar los problemas que llevaron a esas mujeres a quitarse la vida.
Las principales denuncias de los familiares, reconocidas por Rodríguez, eran la falta de acceso a consultas médicas y medicinas o los problemas para recibir visitas o comunicarse con sus familiares ya que en la prisión hay mujeres procedentes de lugares que están a más de mil 500 kilómetros de distancia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunció en distintas ocasiones la vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad en México, cuyos derechos básicos no se respetan. Además, reportó problemas concretos en el penal federal de Morelos cuando 400 presas sufrieron una intoxicación por alimentos en 2022.
Parte del plan que el gobierno federal puso en marcha en diciembre para frenar los suicidios fue asignar más “recursos materiales, humanos necesarios que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres”, dijo la secretaria de Seguridad.
Entre otras cosas mencionó consultas médicas básicas, que teóricamente deben proporcionarse siempre, como consultas de odontología o de salud mental y comunicaciones con sus familiares por videollamada.
Rodríguez indicó que, aunque se está atendiendo el tema, este tipo de sucesos también han ocurrido en penales de alta seguridad de otros países.
Con información de Milenio.
