La Fiscalía General de la República (FGR) deberá dar a conocer el número de la carpeta de investigación iniciada por la volcadura de un tráiler sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, que dejó 53 migrantes muertos.
Lo anterior por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Un particular solicitó a la FGR informar si abrió una carpeta de investigación por el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, y de ser así, el número de la carpeta, la causa penal, el juzgado donde se radicó el expediente y la fecha de la sentencia, de ya haberse emitido.
La Fiscalía refirió que abrió una carpeta de investigación el 10 de diciembre de 2021, pero que el número de carpeta y su contenido está reservado conforme al artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia.
Sobre la información relacionada con causas penales, juzgados y sentencias, se declaró incompetente y sugirió dirigir la solicitud al Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal.
El solicitante presentó un recurso de revisión ante el Inai bajo el argumento de que la reserva de la información no se justifica cuando no se pidieron indicios ni elementos que afecten el curso de la investigación.
El caso fue atraído bajo la ponencia de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien calificó como improcedente la reserva de la información.
Además se constató que la FGR sí es competente y cuenta en sus archivos con el número de causa penal y juzgado donde radican las averiguaciones previas que fueron judicializadas.
El Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la FGR, a fin de que entregue el número de la carpeta de investigación del caso y asuma competencia para informar el número de la causa penal y el juzgado donde se radicó el expediente, así como la fecha de la sentencia de ya haberse emitido.
Como organismo garante, debemos velar porque las personas recurrentes y la sociedad mexicana, en general, puedan allegarse de información sobre el caso; esto es importante porque no solamente se trata del derecho a la justicia y el derecho a la verdad, sino también de conocer la eficacia del actuar gubernamental, lo que habilita la exigencia a las autoridades de que se generen las condiciones necesarias para que este tipo de siniestros no vuelva a suceder”, planteó la comisionada presidenta.
Con información de López-Dóriga Digital
