Por: Verónica Juárez Piña
Las lamentables muertes de Ariadna Fernanda y Lidia Gabriela evidencian, de nueva cuenta, la incapacidad e insensibilidad de las autoridades responsables de combatir la violencia de género y los feminicidios en México.
Esto viene al caso por las declaraciones del Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en torno al deceso de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue abandonado en las inmediaciones de Tepoztlán, Morelos.
El Fiscal se mostró más preocupado por dar carpetazo al asunto y dejarlo bajo la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, que en investigar a fondo las causas del deceso más allá de presentar los resultados de una autopsia carente de todo rigor científico.
Lo prueba la necropsia realizada por la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual determinó que la muerte de Ariadna Fernanda se debió a un trauma múltiple provocado por golpes, lo que contradice la versión del Fiscal de Morelos.
La actitud de Uriel Carmona es reprobable no sólo porque sacó conclusiones apresuradas, sino porque revictimizó a la víctima e ignoró, sin el menor recato, el Acuerdo 07/2020, emitido por la propia Fiscalía General de Morelos, por el que se emite el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en la entidad.
El protocolo determina que se deberá acreditar las razones de género de tipo penal contempladas en el Código Penal para el Estado de Morelos que establecen el feminicidio, entre los cuales destacan que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público y que la víctima haya sido incomunicada; las cuales se configuran en el caso de Ariadna Fernanda.
El acuerdo señala, además, que se considera muerte violenta la ocasionada por causas no naturales, incluidas aquellas que parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes.
La misma conducta asumió el Fiscal en el caso del asesinato de cuatro mujeres y una mujer transgénero cuyos cuerpos fueron encontrados el 4 de noviembre en el municipio de Cuautla; ya que, sin previa investigación, afirmó que estos crímenes están relacionados con actividades ilícitas de alto impacto.
Esta actitud de las autoridades no sólo es discriminatoria sino que promueve la impunidad que ha colocado a México entre los 10 países con la mayor cantidad de feminicidios en el mundo y el primer lugar en América Latina. En México entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas. Los feminicidios, hay que repetirlo, crecen de manera imparable.
Sin duda hay que destacar la actuación de la Fiscalía General de la Ciudad de México que, al contrario de su par de Morelos, actúo con diligencia tanto en el caso de Ariadna Fernanda como en el de Lidia Gabriela, quien murió al arrojarse de un taxi ante la sospecha de un presunto secuestro.
Sin embargo, es fundamental que las autoridades reaccionen con rapidez en todos los casos de violencia de género y no sólo en aquellos de impacto mediático. Cabe resaltar que en la Ciudad de México ocurren, en promedio, 10.3 feminicidios por mes.
De ahí la importancia de insistir en reforzar factores estratégicos para reducir la violencia de género y los feminicidios, como la coordinación entre las autoridades, incrementar el presupuesto para garantizar los derechos de las mujeres y robustecer la perspectiva de género en los protocolos de investigación y, sobre todo, que los funcionarios de los tres niveles de gobierno sean realmente sensibles ante este grave problema social y actúen en consecuencia.
