Al menos tres familias de la ciudad de Reynosa, alzaron la voz para exigir a las autoridades información clara y detallada sobre la detención de sus seres queridos, quienes han sido señalados como presuntos responsables en la desaparición y muerte de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo.
Los familiares aseguran que los detenidos —identificados como Alfredo Barajas, de 60 años y propietario de una ladrillera; Juan Carlos Saucedo Martínez, de 28 años; y Fernando Hernández, extrabajador del mismo negocio— fueron privados de su libertad sin que se respetaran los procedimientos legales.
“A ellos se los llevaron de sus domicilios a cada quien, primero detuvieron a otras personas, y luego fueron a su domicilio sin ninguna orden de aprehensión, sin ningún nombre, sin ningún nada. Nada más lo sacaron de su casa a golpes y los privaron de su libertad. Nosotros nos dimos cuenta por una foto en redes sociales donde el Ejército ya los estaba publicando como culpables”, denunció una familiar de Saucedo Martínez, quien asegura contar con pruebas de que los detenidos son trabajadores inocentes.
La situación ha generado un ambiente de tensión en la ciudad. Mientras las familias de las víctimas claman justicia y esclarecimiento del caso, las familias de los detenidos denuncian irregularidades y una falta absoluta de comunicación oficial.
“No nos han querido dar información ni la ubicación de donde los tienen. Todos nos estamos basando en redes sociales. Creo que la única que los ha visto o los va a ver es su esposa; ella es mi mamá”, relató otro de los familiares.
El caso se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía, que ha informado que los peritajes requeridos aún están en proceso y podrían demorar.
Sin embargo, el clima de incertidumbre ha afectado incluso las actividades productivas en zonas como el Ejido Los Longoria, lugar donde fueron hallados restos humanos relacionados con el caso.
“Estamos paradas más de 20 personas hasta ahorita gracias a la injusticia que están haciendo. No nada más es la ladrillera de nosotros, hay más ladrilleras alrededor que estamos parados por el miedo”, señaló una trabajadora afectada por la situación.
Uno de los aspectos que más preocupa a las familias es el estado de salud mental de uno de los detenidos.
“Tienen una persona detenida injustamente que sufre de sus facultades mentales. ¿Por qué el gobierno va a hacer esa injusticia con una persona inocente y enferma? Que le hagan un examen psicológico y van a ver que él no está al 100% de sus facultades”, exigió una de las voces familiares.
Las familias reiteraron su petición de una investigación transparente, imparcial y respetuosa de los derechos humanos, y llamaron a las autoridades a frenar la criminalización anticipada de personas sin pruebas concluyentes.
Con información de Info7.
