La liquidación de seis fideicomisos gestionados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió al gobierno federal obtener recursos por un monto total de 7,507 millones 913 mil 710 pesos, según el informe final de la gestión de la ministra presidenta Norma Piña.
El documento detalla el proceso de extinción de los fideicomisos 2125, 80687, 80688, 80689, 80690 y 80691, que estuvieron bajo la administración del máximo tribunal durante los últimos años. Al 2 de abril, los cinco fondos acumulaban un total de aproximadamente 6,654.2 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Estos recursos provenían de remanentes presupuestales, fondos destinados a prestaciones médicas, pensiones complementarias para mandos y personal operativo, así como ingresos provenientes de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos.
El informe señala que, en una sesión ordinaria celebrada el 24 de junio de 2025, el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN tomó conocimiento de la conclusión del proceso de extinción de estos fideicomisos. Además, se destaca que el fideicomiso 2125, denominado Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, constituido en Banobras, transfirió 853 millones 913 mil 710 pesos a la Tesofe en diciembre pasado.
Por otra parte, la presidenta del gobierno federal, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado 7 de febrero que los recursos provenientes de estos fideicomisos del Poder Judicial serían destinados a fortalecer al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Previamente, el 17 de enero, la mandataria planteó que dichos fondos también podrían utilizarse para ampliar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en el contexto de las elecciones judiciales.
Entre los fondos liquidados, se encuentran 200 millones de pesos en un fideicomiso dedicado a la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos, y 3,594 millones de pesos en un fideicomiso para pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo.
Este proceso de extinción refleja una estrategia del gobierno para reorientar recursos previamente destinados a fideicomisos del Poder Judicial, en un contexto de ajustes presupuestales y prioridades en la asignación de fondos públicos.
