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Exoneración a Murillo Karam, pacto de impunidad entre Morena y PRI

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Por: Verónica Juárez Piña

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados acordó desechar el Juicio Político contra Jesús Murillo Karam, por las irregularidades que cometió como Procurador General de la República en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.

Siete diputados (3 de Morena y uno de su aliado, el PES; 1 del PAN, 1 del PRI y 1 de MC), argumentaron no encontrar razones suficientes para fincar Juicio Político a quien con el argumento de la “Verdad Histórica” y la complicidad del entonces presidente Enrique Peña Nieto, tomó la decisión de cerrar la investigación de uno de los más lamentables casos de desaparición forzada y violación a los derechos humanos de la historia reciente del país.

Esta decisión es una extensión del pacto de impunidad acordado entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Murillo Karam se benefició particularmente de los votos de Morena, su aliado el PES; el PRI y el cabildeo que desplegó este último para sumar votos en favor de desechar el dictamen.

Refleja también la incongruencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien mientras crea La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, para “conocer la verdad e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley”; su partido decide exonerar a quien, como máximo responsable de investigar y perseguir los delitos del orden federal;  hizo todo lo posible para obstaculizar la investigación.

Así como para desaparecer evidencias,  confundir a la opinión pública, revictimizar a los estudiantes y cerrar el caso ignorando recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y haciendo caso omiso de las protestas de los padres de los normalistas desaparecidos, y de la sociedad.

Solamente quien esto escribe, una diputada y dos diputados de Morena, tomamos la decisión de votar en contra.

Fue el PRD quien en la LXIII Legislatura interpuso la solicitud de Juicio Político contra Jesús Murillo Karam por “los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo como servidor público”; en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes.

Los promoventes del Juicio Político integraron a la solicitud evidencias de las inconsistencias en el expediente de la PGR, entre ellas las presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre “Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

El GIEI rebatió los principales indicios, evidencias, pruebas y líneas de investigación que llevaron a Murillo Karam a proponer la “Verdad Histórica”, y evadir con ello la responsabilidad del Estado Mexicano en la desaparición de los estudiantes, de la propia Procuraduría General de la República, de las agencias de investigación, de las Fuerzas Armadas y del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Todos los elementos que se han ido acumulando llevan a plantear que más allá de la actuación del crimen organizado y de los autores materiales de la desaparición, en Ayotzinapa se dio un crimen de Estado por la complicidad y participación de funcionarios públicos en los hechos sucedidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014; y la omisión, antes, durante y después, de las dependencias responsables de seguridad –federales, estatales y municipales-, entre ellas de la PGR.

Murillo Karam cometió omisiones claras, fue indolente en la investigación y no cumplió con su responsabilidad como funcionario público en afán de encubrir a Peña Nieto.

Al exonerarlo, quienes votaron a favor lo protegen y se convierten en cómplices del pacto de impunidad acordado entre Peña Nieto y López Obrador. Les fallaron a los estudiantes desaparecidos; así como a sus padres y al pueblo de México que reclaman JUSTICIA.

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