Recién cumplida la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Baja California, la adolescente Keila Nicole, de 14 años de edad, fue víctima de feminicidio en el poblado El Rosario, de San Quintín, cuyos familiares reportaron su desaparición el primero de julio del presente y las autoridades encontraron sus extremidades el miércoles dos.
En Tijuana, la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C. exigió justicia por la menor y que los responsables, entre ellos un adolescente de 16 años, sean castigados conforme a la ley.
Miriam Ayón Castro expuso que el AVGM es insuficiente para garantizar la seguridad de las mujeres, sobre todo, al momento de denunciar en la Fiscalía General del Estado (FGE) y dar seguimiento en los juzgados.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Baja California 16 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y mayo de 2025, ocupando el tercer lugar nacional en este delito.
“Desafortunadamente, después de cuatro años de la Alerta de Género, nuestro Estado sigue ocupando los primeros lugares. Está faltando coordinación, se anuncia por parte del Poder Judicial que contamos ya con un juzgado de violencia familiar para delitos cometidos contra mujeres, pero tenemos años insistiendo en que los espacios de los tribunales también deben formar parte de espacios donde las mujeres acuden a denunciar o a pedir ayuda”, declaró Ayón Castro.
Recordó que en San Quintín en el año 2020 Lucero Rubí fue víctima de feminicidio en el centro de salud donde trabajó por parte de su ex pareja, a quien había denunciado ante las autoridades. Por ella, se estableció el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) en el municipio, en donde el Escuadrón Violenta también es parte de la estrategia de protección para ellas.
La integrante de la Red dijo que del 25 de junio del año 2021 hasta lo que va del 2025 la AVGM tiene un avance del 45% y que el reto principal para cumplirla totalmente es la coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales, quienes deberían considerar el trabajo de las asociaciones civiles que buscan la protección de las mujeres.
“Hay una violencia institucional que se ejerce contra las víctimas que deciden alzar la voz, que hacen un proceso interno donde miden los riesgos a los que se van a enfrentar con la misma familia para denunciar y cuando lo hacen desafortunadamente no encuentran esa atención a su denuncia”, sostuvo.
