Diputados federales por el PRD exhortan al presidente, Andrés Manuel López Obrador a que gire instrucciones a la titular de Energía, Rocío Nahle, para que revierta las disposiciones en materia de energía que ponen en riesgo la generación de electricidad con fuentes de energía renovables.
En un punto de acuerdo, la bancada del sol azteca señaló que la actual administración decidió suspender las subastas de largo plazo -que en el sexenio pasado permitieron la expansión de centrales solares y eólicas- para someter a revisión los mecanismos que comprometieron cerca de ocho mil 600 millones de dólares de las tres subastas de largo plazo, en su mayoría solar y eólica.
En un comunicado refieren que “la medida limita el potencial de desarrollo de nueva energía limpia, con costos de tecnologías bajos y con venta de certificados. Dichos cambios provocan incertidumbre, pues las empresas más susceptibles al riesgo pueden parar proyectos de inversión ya contemplados».
Los perredistas detallaron que, en las subastas eléctricas de largo plazo, CFE se limitaba a comprar energía a generadores privados, quienes hacían los gastos de inversión.
De acuerdo con los resultados de la tercera subasta, 10 empresas se comprometieron a invertir dos mil 369 millones de dólares para la instalación de dos mil 562 megawatts de nueva capacidad en energías limpias. Con el cambio de política, la CFE es quien debe invertir en nueva generación.
El 9 de diciembre de 2019 se anunció que para 2020 se licitarían la construcción de siete nuevas centrales eléctricas, con una inversión aproximada de 58 mil 643 millones de pesos, que en total aportarán tres mil 762 MW de nueva generación eléctrica.
Seis de estas centrales usarán gas natural como combustible y una de ellas combustóleo, el cual es más contaminante, subrayaron; además, refirieron que una vez en operación, dichas centrales tendrán costos de generación más elevados que sus contrapartes solar y eólica.
Por último, la bancada perredista expresó que el impacto a las finanzas públicas no sólo se da por el mayor costo en la generación, sino también porque la producción de energía fósil afecta negativamente la salud de las personas, lo que se traduce en una mayor presión a servicios hospitalarios y pérdidas de productividad debido a ausencias por enfermedad.
