El inicio del primer juicio oral contra un exgobernador de Nayarit fue suspendido este viernes en Tepic debido a problemas técnicos que impidieron su participación en forma presencial y remota. Roberto Sandoval Castañeda, recluido en el CEFERESO No. 4 El Rincón desde 2021, debía comparecer en una audiencia relacionada con la acusación de apropiación ilegal de un terreno de 58 hectáreas en el ejido de Aután, San Blas.
La audiencia, realizada en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic, correspondía a un proceso del fuero común en el que la Fiscalía General del Estado de Nayarit solicita una sentencia de seis años de prisión por falsificación de documentos y despojo. La denuncia, presentada en 2012 por Rubén “N”, propietario del terreno, señala que su firma fue falsificada para transferir la propiedad a Sandoval, quien en su momento fue registrado como ejidatario y poseedor de predios en la zona.
El caso se remonta a 2012, cuando el propietario denunció la falsificación de su firma para transferir el terreno, que en su momento perteneció a Tabamex y posteriormente al sindicato de trabajadores, destinado a actividades agrícolas y ganaderas. Durante su mandato como gobernador en 2015, Sandoval fue registrado como poseedor de tres predios en Aután, reconocimiento que quedó asentado en documentos del Registro Agrario Nacional.
La audiencia fue suspendida debido a problemas técnicos en la conexión remota del exgobernador, quien solo pudo seguir la sesión por videoconferencia. Erick Mendoza, abogado defensor, cuestionó la imposibilidad de la comparecencia presencial y denunció deficiencias en la transmisión, que impidieron el correcto desarrollo del proceso. Según el defensor, el derecho de Sandoval a estar presente en su juicio fue vulnerado, aunque las autoridades argumentan que la utilización de videoconferencias responde a razones de seguridad y logística, considerando su condición de prófugo desde 2020 y su posterior detención en 2021 en Nuevo León.
El vocero de la Comisión de la Verdad Nayarit, Rodrigo González Barrios, explicó que la ausencia física del exgobernador responde al riesgo de fuga, ya que Sandoval fue considerado prófugo en 2020 y detenido un año después. González Barrios también señaló que el proceso judicial surgió tras los aseguramientos realizados en 2018, en los que se confiscaron propiedades vinculadas a Sandoval, incluyendo el rancho El Sueño y otros bienes en diferentes fraccionamientos, en el marco de investigaciones por enriquecimiento ilícito.
El caso también involucra a un exnotario público de San Blas, Antonio Herrera, quien elaboró escrituras irregulares relacionadas con el despojo. Este notario aceptó un convenio de oportunidad en 2020, que incluyó una condena de tres años y el pago de reparación de daños, en un proceso que forma parte de una serie de casos de fraude inmobiliario en la región.
El aplazamiento del juicio refleja las dificultades técnicas y logísticas que enfrentan los procesos judiciales en contextos de confinamiento y seguridad, y pone en evidencia la complejidad de juzgar a exfuncionarios públicos en México. La próxima audiencia está prevista para continuar con la recepción de pruebas y testimonios, en un proceso que busca esclarecer las irregularidades en la transferencia del terreno y la posible participación de otros actores en el caso.
