Por Salvador Cosio Gaona..
La sociedad debe entender que su derecho a votar es también una obligación que tiene que cumplir responsablemente, pues es a través del sufragio digno y eficaz como debe elegirse en los cargos públicos a quienes por su capacidad y amplia solvencia moral puedan cumplir a cabalidad sus compromisos en favor del pueblo.
A la vez que resulta imperativo concientizar a la colectividad sobre la importancia de cumplir eligiendo a los mejores y rechazando a quienes busquen enquistarse, ejerciendo el poder político en perjuicio de la colectividad, es urgente exigir a los legisladores y a quienes les marcan línea en su calidad de líderes o dirigentes de partidos a fin que extremen su tarea advirtiéndolo como algo que además de necesario es positivo incluso para los propios intereses partidistas, avanzar en la legislación que tienda a establecer legalmente la revocación del mandato a los gobernantes nefastos, pero que además sean procedimientos fáciles de emprender por la sociedad.
Ya es comprobado que el exceso de facultades y atribuciones enferma a muchos políticos, afectando incluso a quienes cuentan con amplia formación y experiencia, llegando a provocarles adicción, falta de lucidez y desequilibrio mental, lo que les dificulta su capacidad de análisis para asumir oportunamente las decisiones más adecuadas, las que así afectados suelen tomar erróneamente en base a filias y fobias, lo que se refleja en una extrema animosidad para favorecer o lesionar a determinadas personas, perdiendo la noción de la realidad al llegar a creerse deidades.
Y no hay un ingrediente fundamental que prohíba este inmoral y lesivo empoderamiento excesivo que fomenta el exacerbado abuso de los funcionarios que se sirven del pueblo en vez de actuar como servidores públicos, y es la ineficacia de los esquemas para prevenir y evitar la corrupción, especialmente la falla en los sistemas para la sanción de conductas impropias e ilícitas y que prohíjan la impunidad, lo que va de la mano de la falla en los sistemas de transparencia y libre acceso a la información pública y más especialmente incide en la problemática el fallo del engranaje inherente al gran sistema de procuración e impartición de Justicia.
Fue así como Napoleón Bonaparte se trastornó por el excesivo empoderamiento al grado de hacerse nombrar Emperador Napoleón Primero, demostrando su notable afectación desde el momento del fastuoso encumbramiento, ya que estando el Papa Pío VII por cumplir el acostumbrado ritual de coronarlo, el oriundo de Córcega le arrebató al Pontífice la diadema enjoyada y se auto coronó para establecer supremacía.
Y en la historia de México hay ejemplos notables de la transformación que provoca el empoderamiento inusitado y destacan Don Benito Pablo Juárez García, quien murió en 1872 cuando era inminente buscaría una reelección y empezaba a mostrar destellos de autoritarismo como claros síntomas de ‘enfermedad de poder’ tras haber sido uno de los más preclaros gobernantes y deberle la restitución de la dignidad institucional y de la soberanía nacional, pudiéndose quizá afirmar que la prematura muerte del gran Patricio de México y Benemérito de las Américas evitó él enquistamiento en el poder que hubiere podido erosionar los logros que para la Nación obtuvo previamente; y otro caso ejemplar es Porfirio Díaz, quien se permaneció en el poder durante 38 años, siendo necesaria una revolución para removerlo, y es paradójico que mientras al Coronel Porfirio Díaz le dedicaron calles, plazas y parques al considerarlo un glorioso héroe militar que luchó denodadamente por México contra los desmanes de franceses y radicales conservadores en el siglo XIX, al General Porfirio Díaz lo registra la historia como un Dictador ávido de Poder que se esquistó en su trono por 30 años más de los que debió haber estado al frente del gobierno federal y se reconocen de él una etapa brillante como mandatario que generó grandes avances para la Nación frente a una muy larga, oscura y polémica temporada en la que se obnubiló y generó caos socio político.
Y el fantasma de la reelección presidencial en México aparece normalmente desde los últimos cuatro sexenios, aunque hay que establecer con claridad que quien lo intentó plantear con más firmeza fue Carlos Salinas de Gortari, pero no se puede dejar de advertir que Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa pulsaron la posibilidad de provocar las circunstancias a modo de que su respectiva conyugue pudiera ser la abanderada de su partido, en este caso el Partido Acción Nacional (PAN), para buscar fuere su sucesora, contándose con el claro entusiasmo en cada época, de Martha Sahagún Jiménez de Fox y de Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, esta dama quien a diferencia de Sahagún que carecía de toda experiencia política previo a su encargo en el gabinete de Fox, ella sí que tenia y aún cuenta con trayectoria como activista política y en tareas de servicio público en la esfera del Poder Legistativo a nivel federal y en el Distrito Federal, y es quien en esta etapa de la vida política de la nación encabeza a los aspirantes del blanquiazul a obtener la candidatura presidencial para los comicios del 2018, siendo indudablemente, entre los personajes panistas, la que cuenta con las mayores simpatías de los militantes y cuenta además con la mayor aceptación popular en cuanto a la visión de ciudadanos con afinidad a la ideología derechista conservadora identificada con los postulados panistas.
Es usual que tanto el Presidente de la República como los gobernadores de las entidades de la Federación e incluso los presidentes municipales, caigan en la tentación de empecinarse en ser sucedidos por un personaje de su absoluta confianza, pretendiendo a través de ellos seguir gobernando más allá del tiempo de su mandato para el que fueron electos, muchos de ellos cayendo en las garras de su dominadora conyugue o buscando imponer a un pariente cercano como puede ser el padre, un hijo o algún hermano, o eligiendo a un amigo o socio a quien piensan podrán manipular, ese famoso ‘delfín’ que regularmente decide cortarse la soga en el cuello que pretende mantener quien propició su acceso al poder; a pesar de las malas experiencias tanto en el muy recurrente distanciamiento y descontrol entre el gobernante que dejó de serlo y a quien impuso como sucesor, como en la desgracia que generalmente es para el pueblo soportar la altanería y despotismo de los improvisados que fueron encumbrados sin mayor mérito que ser ‘favoritos’ del antecesor y que al lograr llegar a los importantes cargos públicos enloquecen por exceso de poder, no será fácil quitarle a los políticos esa manía o gusto exacerbado por enquistarse y preservar el poder para servirse de la gente.
Los ‘delfines políticos’, generalmente personajes con escasa preparación y nula formación, arriban a los cargos sin compromiso social, ávidos de poder y riquezas, resultando en una auténtica pesadilla para la gente que debe soportar sus aberrantes determinaciones que muchas ocasiones también están manchadas de perversidad al propiciar revanchismo contra quienes los critican por su improvisada y errática gestión gubernamental, llegando a extremos de persecución fatal a comunicadores y activistas cívicos, como acontece en Veracruz que sufre los atropellos del truculento Gobernador Javier Duarte de Ochoa, el turbio ‘Frankenstein’ del exGobernador Fidel Herrera Beltrán, a quien acusan de ser culpable de infinidad de asesinatos y desapariciones.
Y en esa tónica de buscar encumbrar a su ‘delfin’ para sucederlo en 2018, el Presidente de México Enrique Peña Nieto está atareado en encausar la candidatura presidencial por su partido del más cercano de sus favoritos, a quien busca encumbrarlo como su sucesor, y está perdiendo cada día más su ya escasa popularidad como se observa en la reciente encuesta de la empresa ‘Buendía y Laredo’ difundida por ‘El Universal’ que dicta que su aprobación social es solo del 32% de la población mexicana y tiene la peor calificación popular que cualquier otro Mandatario mexicano haya obtenido al iniciar su segundo trienio al frente de la Presidencia de la Nación, ya que los resultados poco favorables en cuanto a la situación económica y en materia de seguridad, siguen causando fuerte molestia a la sociedad y lo reflejan en la desaprobación y rechazo a las políticas públicas del poder ejecutivo federal y al Primer Mandatario en lo personal, lo que debe propiciar «focos de alerta» en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al ser señal de posibles derrota en las elecciones que se avecinan, debiendo dicho partido advertir el riesgo y obligar al mexiquense y a su equipo a extremar una minuciosa revisión y análisis a efecto de procurar revertir las tendencias desfavorables hacia el gobierno y el Primer Mandatario, pero no se aprecia viable esa opción por la sumisión absoluta del priísmo hacia el Presidente y siendo lo más lamentable para el país, el que no hay señales de acciones que a corto plazo puedan modificar favorablemente las hoy difusas condiciones por el bajo nivel de bienestar y desarrollo de la población así como amainar la inseguridad, la corrupción e impunidad, siendo claro el que parece que ni Peña Nieto o sus más cercanos colaboradores parecen haber entendido que existe un problema real y no sólo es un asunto de mala percepción social.
Ante el creciente rechazo de la población hacia los partidos políticos, ya que casi todos están afectados por escándalos y especialmente por la supremacía de líderes que se apoderan de ellos y se convierten en caciques que provocan antidemocracia en la toma de decisiones y el alejamiento cada vez más acentuado en relación a las causas más sentidas de la sociedad, el pueblo está decantándose por voltear hacia otras alternativas como pueden ser el favorecer a candidatos independientes o en algunos casos a partidos que han advertido la necesidad de utilizar a personajes que interesados en la participación política y también en las lisas electorales, no son militantes en partidos pero pueden aceptar ser postulados por estos en calidad de ‘candidatos externos’ y esta tendencia se incrementa paulatinamente.
La sociedad exige a los partidos cumplan su obligación de postular candidatos con perfil adecuado para cada cargo de elección popular, así como requiere dispositivos que en realidad hagan accesible la salvaguarda del voto efectivo, la remoción o revocación de mandato, la plena accesibilidad a la información pública y abatimiento de opacidad, el pendiente funcionamiento de los sistemas anticorrupción y el acendramiento de la tarea antiimpunidad, específicamente el adecuado accionar de las instituciones encargadas de procuración e impartición de Justicia, pues todo ello obstaculizará la proliferación de vicios nefastos propios de los gobernantes enfermos de exceso de poder.
Solo avanzando en el perfeccionamiento de las herramientas de control, evaluación y sanción podrá estimularse a la comunidad para incrementar su participación en las decisiones electorales y su mayor activismo cívico en la tarea de vigilancia social de la función pública para un mejor desempeño gubernamental que genere más calidad de vida para los mexicanos.
