Por: Héctor Romero González
La actividad recaudatoria del gobierno es una importante rama de la actividad económica del país, que tiene por objeto que el Estado obtenga recursos para cubrir los gastos públicos que son necesarios para el cumplimiento de sus fines en beneficio de la colectividad.
Sin embargo, las actividades de recaudación no están exentas de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos por las autoridades, aunque por lo general los más afectados son los pequeños contribuyentes, que no cuentan con recursos suficientes para pagar abogados especialistas, quedando a la merced del Servicio de Administración Tributaria.
Como una respuesta a este desequilibrio entre los contribuyentes y las autoridades hacendarias, se crea la Procuraduría para la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), organismo neutral que hace las veces de ombudsman fiscal, es decir, protege los gobernados en su calidad de contribuyentes mediante representación legal, quejas y emisión de recomendaciones en materia tributaria.
Su origen legislativo se da en el 2006 cuando se expide su ley orgánica, pero esta fue impugnada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), litigio que se prolongó hasta 2008, situación que impidió el inicio de sus actividades de manera formal. Pero la ausencia material perduró hasta el año 2011, cuando el Senado de la República por fin eligió a su primer titular, la Licenciada Diana Bernal, abogada con gran trayectoria previa y amplio conocimiento sobre la política tributaria nacional, quien previamente se habría desempeñado como juzgadora federal.
Así, se abrieron las puertas del organismo en el mes de septiembre de ese año con amplias expectativas, las cuales no fueron defraudadas.
Durante el cargo de Diana Bernal la institución se consolidó como una de las más relevantes de la administración pública en México, no solo por su eficacia en el cumplimiento de objetivos, sino por su innovación. A propuesta de la Prodecon, en la Reforma Fiscal que entró en vigor en 2014 se incorporaron los Acuerdos Conclusivos en la legislación mexicana, lo cual rompió paradigmas a nivel internacional sobre la posibilidad de contemplar mecanismos alternativos de solución de controversias en materia fiscal, agilizando, en beneficio de la autoridad y los gobernados, la pronta resolución de litigios que tradicionalmente duraban muchos años.
Además, su presencia logró abarcar prácticamente todo el país, descentralizando el acceso a sus servicios y evitando que, como sucede con muchas dependencias del gobierno federal, se obligue a sus usuarios a acudir a la capital.
Desde abril de 2019, esta era terminó cuando el organismo quedó acéfalo y desde entonces ha existido incertidumbre sobre su futuro.
Apenas el pasado 29 de mayo el presidente sometió a consideración del Senado una terna para fungir como nuevo titular, sin embargo, la misma representa una estocada contra su imparcialidad y pone en tela de juicio la posibilidad de que la institución continúe con el prestigio que durante esta década había construido.
Lo más grave de la terna es que, a pesar de las grandes cualidades humanas y profesionales que pudieran tener cada uno de los candidatos, ninguno reúne el perfil idóneo para ocupar el cargo.
Dos de los candidatos, Martha Patricia Jiménez y Carlos Alberto Puga, no tienen experiencia en materia fiscal, ante lo cual ni siquiera serían elegibles por impedimento legal y, por último, Ricardo Jiménez, el candidato más sólido y quien dicen las “malas lenguas” es el ungido, ha sido duramente criticado por su cercanía a la administración pública, dado que, hasta hace pocos días, se desempeñaba como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Esta situación hizo sonar las alarmas de diversos colegios profesionales como ANADE, la Barra Mexicana de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre otros, quienes se sumaron para exhortar al presidente a reconsiderar la terna, exigiendo independencia y, sobre todo, que se trate de personas caracterizadas por su postura a favor de los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos.
Pero ello no es lo más grave. Derivado de las reducciones presupuestales del gobierno federal, se pretende el recorte del 75% del presupuesto de Prodecon, lo que obligaría al cierre de 16 delegaciones y una disminución drástica de su capacidad de atención al público, repercutiendo esto en perjuicio de los contribuyentes más vulnerables. Recordemos que el 84% de sus servicios se prestan a favor de personas físicas, en su mayoría asalariados, pensionados o jubilados.
En defensa de la integridad de la institución, la Universidad de Guadalajara a través de CUCEA, en colaboración con diversas organizaciones profesionales, realizó el foro “La Prodecon y la importancia de los derechos fundamentales de los contribuyentes”, en donde durante tres días se hizo un recuento de las ventajas de sus servicios y se recapitularon los riesgos que implica la reducción a su presupuesto.
Este evento sin dudas obliga a los legisladores federales a reconsiderar la pretensión del Poder Ejecutivo, se pusieron sobre la mesa las flaquezas del Decreto que ordena los recortes, perfilando una serie de argumentos para la defensa en tribunales, aunque en este caso la gran problemática sería la vía para intentarlo.
Sin embargo, el evento también fue propositivo, buscándose alternativas que permitan a la Prodecon hacer más con menos, como sería legitimarla para la promoción de acciones de inconstitucionalidad en materia fiscal o acciones colectivas, lo cual es una propuesta que quedó en el tintero hace un par de años, cuya autoría corresponde al equipo de Diana Bernal.
@hecromg
