Por: Salvador Cosío Gaona
Todos sabemos que el combate a la corrupción ha sido un tema recurrente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador en todas sus campañas, es una bandera que ha ondeado y que aún con números negativos en prácticamente todos los rubros de gobierno, le sigue arrojando dividendos.
“Este gobierno no será recordado por corrupto”, fue una de las frases que soltó el martes en el marco de la presentación de su segundo Informe de Gobierno, al tiempo que presumía haber conseguido ahorros por miles de millones de pesos solo por combatir este delito, aunque no ofreció más detalles de las formas, mecanismos, estrategias o situaciones en que se habrían generado.
El presidente también defendió que su gobierno no ha emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero, dijo, tampoco se encubre a nadie ni se permite la impunidad, además de resaltar que “la austeridad republicana es una realidad”.
Así que en este contexto, no es ocioso revisar lo que se ha hecho durante los 18 meses de su administración en esta materia, aunque no propiamente se puedan atribuir a su gobierno algunos de los logros más significativos en cuanto a detenciones, siendo que muchas de ellas, las más importantes, han sido conseguidas en el extranjero.
La mayoría de ellos son ex funcionarios de primer nivel que incluso estuvieron al frente de dependencias y áreas del gobierno en varios estados.
El Presidente ha sostenido que «al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie». Aquí un recuento de Milenio Digital de algunas de las personas que incluso han sido perseguidas a nivel internacional y que actualmente se encuentran encarcelados o bajo algún proceso judicial en su contra por algunos otros señalamientos.
Emilio Lozoya Austin
El 12 de febrero en Málaga, España, fue detenido Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su captura se cumplimentó tras una ficha roja librada en su contra, derivada de dos órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Ambas órdenes derivaron de la venta de la planta de Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos.
El 6 de julio, la Audiencia Nacional de España acordó su extradición y el gobierno de López Obrador gestionó este proceso, por lo que el 17 de julio el ex director de Pemex llegó a bordo de un avión Bombardier Challenger 605, que aterrizó a las 00:43 horas en el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, Emilio Lozoya fue hospitalizado de manera inmediata y no ingresó al reclusorio Norte donde un juez lo requería para enfrentar un juicio por dichos señalamientos. Incluso las audiencias programadas para desahogar el caso Agro Nitrogenados y Odebrecht fueron a distancia y de manera virtual.
Actualmente el ex funcionario se encuentra vinculado a proceso por ambos casos, no obstante, su proceso lo lleva en libertad y las autoridades decidieron determinar las medidas cautelares de que usara un brazalete, que se le retirara su visa y pasaporte para que no escapara del país, además de fijarse un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
César Duarte
El ex gobernador de Chihuaha, César Duarte, fue detenido el 8 de julio en Florida, Estados Unidos, al ser acusado por la administración del mandatario Javier Corral como presunto responsable del delito de peculado, por 275 millones de pesos.
La captura del ex funcionario se dio el mismo día en que se llevaba a cabo la visita de Andrés Manuel López Obrador a su homologo Donald Trump, en la Casa Blanca, para celebrar la entrada en vigor del T-MEC.
En el sexenio pasado, la Procuraduría General de la República presentó ocho peticiones de extradición, todas ellas solicitadas por el gobierno de Chihuahua. En 2018, Javier Corral, gobernador de ese estado, informó que su antecesor en el cargo se encontraba en El Paso, Texas.
En marzo de 2018, la entonces Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal contra César Duarte, quien fue denunciado penalmente en 2014 como probable responsable de los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delito bancario, en agravio de Banco Progreso.
Posteriormente, la PGR solicitó a la secretaría general de Interpol la emisión de una ficha roja para detener a Duarte, contra quien en ese momento solo había una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.
Actualmente se encuentra recluido en Florida, ya que la jueza estadunidense, Lauren F. Louis, no tomó decisión alguna en el juicio sobre darle la libertad bajo fianza a César Duarte.
Juan Collado
El 9 de julio del 2019, el abogado Juan Collado fue detenido cuando se encontraba en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. La orden de captura contra él fue por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el reclusorio Norte, la orden de captura contra el abogado. Juan Collado Mocelo es el abogado que divorció al ex presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.
El 10 de julio de ese año, López Obrador dijo que la denuncia contra el abogado Juan Collado tenía tres años estancada hasta que la retomó la FGR y se procedió, pero dejó claro que se acabaron las consignas del Presidente para hacer aprehensiones. Incluso ese mismo día Juan Collado dejó la presidencia del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.
Posteriormente un juez federal vinculó a proceso al abogado Juan Collado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación de la venta de un terreno en Querétaro, a través de una empresa fantasma y con suplantación de identidades.
La FGR acusó a Collado de ser el autor material de dicha venta, para lo cual se utilizaron cuatro empresas fachadas, para obtener 156 millones de pesos, de los cuales 24 millones fueron depositados en una de sus cuentas bancarias en 2010 y actualmente se encuentra detenido en el reclusorio Norte.
Alonso Ancira
El 28 de mayo del año pasado Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido en Mallorca, España, por elementos de la Interpol, al ser acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.
Posteriormente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le impuso una fianza de un millón de euros para quedar en libertad provisional mientras se tramitaba la petición de extradición emitida desde México.
El empresario, actualmente en libertad pero sin poder salir de España, dijo que se enteró de su proceso judicial en contra en el momento de su detención y que no pensaba huir, sino que iba a México, previa escala en Estados Unidos, porque le habían incautado 247 cuentas bancarias.
Alonso Ancira ha reiterado que se opone a ser extraditado porque México “es un país sin leyes”, y de hecho ha criticado al gobierno de López Obrador manifestando que las acusaciones en su contra le están llevando a la bancarota.
La detención de Alonso Ancira se dio a partir de una investigación de la FGR y la UIF por presuntas transferencias irregulares desde las cuentas de AHMSA a empresas vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Rosario Robles
La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, actualmente se encuentra en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, acusada del uso indebido del servicio público; sin embargo, la ex funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha buscado de manera reiterada salir de la cárcel al asegurar que ella es inocente y es una presa política.
El 29 de julio del 2019 se dio a conocer que la FGR buscaba vincularla a proceso, acción solicitada por la Agencia Vigésima Investigadora a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Sur.
Un mes después, el 13 de agosto, el juez de Control la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En octubre de ese año, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna negó a Rosario Robles la revocación de las medidas cautelares que la mantienen en prisión, pues consideró que existe un elevado riesgo de fuga de la ex secretaria de Desarrollo Social.
El 8 de agosto pasado, la FGR acusó a Rosario Robles que bajo su gestión como titular de la Sedatu y la Sedesol hubo una afectación a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que «es un logro que no haya impunidad» al referirse sobre la detención de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu.
Genaro García Luna
El 10 de diciembre del 2019, Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante la administración del ex presidente Felipe Calderón, fue arrestado en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
El ex funcionario es acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar ligado al cártel de Sinaloa, al que presuntamente brindó protección y del cual recibió millones de dólares del capo Joaquín El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012, así lo dio a conocer el fiscal federal de ese país, Richard Donoghue.
García Luna presuntamente colaboró con el narco desde 2001, cuando fungía como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Durante el juicio de El Chapo en Estados Unidos, en noviembre de 2018, Jesús El Rey Zambada, ex aliado de Guzmán Loera, declaró que él pagó millones de dólares a Genaro García Luna.
Recientemente, el 31 de julio del presente año, la FGR informó que una vez que se reúna la totalidad de la información autorizada por los jueces y obtenida legalmente, se procederá a la imputación judicial correspondiente a Genaro García Luna.
El juez Brian Cogan volvió a negar la libertad bajo fianza del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien el 16 de abril, a través de su abogado César de Castro, presentó una apelación argumentando que debía ser liberado por motivos de salud, sin embargo, continúa encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Javier Duarte
El ex gobernador de Veracruz, a quien apenas en mayo del año en curso un Tribunal federal le confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, se le revocó el decomiso de unas 40 propiedades que se había ordenado como parte de la condena, las cuales siguen aseguradas hasta la fecha pues las investigaciones no avanzan. Según información del caso son propiedades entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.
Y así como en estos últimos casos, hay asuntos que no encuadran precisamente en el marco del combate a la corrupción, existen otros ejemplos que es procedente acotarlos:
Nexos
A la empresa editorial “Nexos”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso una inhabilitación de dos años para recibir publicidad y una multa de casi un millón de pesos, al considerar inaceptable que “se enriquezcan con adjudicaciones directas”, luego de que la publicación proporcionara “información falaz, con total falta de ética y legalidad”.
Bartlett, Nahle, Robledo y Sandoval
En cambio, no se ha medido con la misma vara para sancionar al presidente de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett Diaz, quien no declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la propiedad de 23 casas y 12 empresas, o a su hijo Manuel Bartlett Álvarez, quien consiguió licitaciones del gobierno de manera irregular y además vendió a sobreprecio ventiladores para la atención de pacientes de Covid-19.
El gobierno ha actuado de forma opaca para otorgar licitaciones, siendo que casi el 80 por ciento de ellas se han entregado de manera directa favoreciendo, como en el caso de los Bartlett, al compadre de Roció Nahle, la Secretaria de Energía, quien le habría conseguido un contrato por más de 5 mil millones de pesos para el acondicionamiento de terrenos para la refinería de Dos Bocas, así como a familiares del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quienes han utilizado las posiciones de su parentela para ganar licitaciones de gobiernos locales y federales sin concursarlas.
Nada tampoco prosiguió a que se ventilara la presunta falsificación del título de John Ackerman, esposo de la Secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval, o que una investigación periodística diera a conocer las múltiples propiedades de esta pareja siendo que una de ellas habría sido un regalo del gobierno de la Ciudad de México.
Pío
También ha quedado hasta ahora en el aire el asunto del video en que el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibe bolsas de dinero de David León Romero, quien ha sido operador político del ex gobernador de Chiapas por el Partido Verde, Manuel Velasco, y nombrado por AMLO, primero, director de la Coordinación Nacional de Protección Civil y más tarde director de la nueva empresa distribuidora de medicamentos y equipos médicos del estado, aunque no alcanzó a acceder a dicho cargo después de haber sido difundido el video y verse obligado a no rendir protesta.
Habrá que decir pues, que de los casos más emblemáticos de corrupción que se han ventilado en los últimos años como son La Estafa Maestra, Odebrecht y las corruptelas de Javier Duarte, apenas y se encuentra detenida Rosario Robles por la Estafa Maestra pero solo por omisión en un proceso judicial altamente politizado. En el tema de Odebrecht, Emilio Lozoya fue detenido en España pero en México goza de libertad en alguna de sus múltiples propiedades apegado al “criterio de oportunidad”. Y en el caso de Duarte se le ratificó la sentencia de 9 años pero se le devolvieron 41 propiedades, presuntamente adquiridas de manera ilegal y con recursos de dudosa procedencia.
En tanto, al menos siete miembros de la actual administración han sido señalados por presuntos actos de corrupción saliendo avante gracias a procesos llevados en las instancias de control administrativas.
Ojalá pues, se consolide en algún momento del sexenio el combate a este delito, pero por ahora, ¿alguien, ademas del presidente puede adelantar que ‘este gobierno no será recordado por corrupto’?
@salvadorcosio1
