El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la decisión de retirar las visas a familiares y socios de personas ligadas a temas del narcotráfico, esto un día después de los señalamientos a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero: Intercam, Vector Casa de Bolsa y CIBanco.
Esta medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, apunta a familiares y asociados de individuos sancionados por la Orden Ejecutiva 14059, que combate el tráfico internacional de drogas ilícitas.
La decisión surge tras las acusaciones del 25 de junio, cuando el Tesoro señaló a estas tres entidades financieras por su rol en el lavado de dinero por al menos 46 millones 591 mil dólares, todo esto relacionado con el fentanilo.
Rubio destacó que la crisis del fentanilo es una prioridad nacional, justificando las sanciones como un esfuerzo por cortar las redes financieras que sostienen a los cárteles.
«Imponer restricciones de visa a traficantes de drogas, sus familiares y socios personales y comerciales no solo les impedirá ingresar a Estados Unidos, sino que también servirá como un elemento disuasorio para continuar con actividades ilícitas», advirtió Rubio.
Entre los casos específicos, se menciona que un empleado de CIBanco habría abierto una cuenta en 2023 para lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo, mientras que Vector permitió movimientos de hasta 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021.
La Asociación de Bancos de México (ABM), encabezada por Emilio Romano, afirmó este 26 de junio que ni CIBanco ni Intercam constituyen un peligro sistémico para el sector bancario ni comprometen la estabilidad del sistema financiero nacional.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre la implementación de una intervención gerencial temporal en CIBanco e Intercam Banco.
El organismo subrayó que esta medida tiene como objetivo generar un clima de certeza que facilite a las entidades continuar sus operaciones de manera habitual mientras se garantiza el cumplimiento de las normativas aplicables. (MCJ)
