El gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunció la implementación de aranceles recíprocos que oscilan entre el 10% y el 41% sobre importaciones provenientes de decenas de países y territorios, en respuesta a los déficits comerciales que mantiene con ellos. La excepción principal es México, que continúa negociando acuerdos comerciales con Washington.
Según un comunicado de la Casa Blanca, esta medida busca proteger la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, promoviendo relaciones comerciales que sean justas y balanceadas. El gobierno estadounidense sostiene que estas acciones benefician a los trabajadores, agricultores y fabricantes nacionales, además de fortalecer la base industrial del país, particularmente en sectores de defensa.
El texto señala que varios países han alcanzado o están en proceso de cerrar acuerdos comerciales y de seguridad con Estados Unidos. Algunas negociaciones no han satisfecho las expectativas del gobierno, que afirma que ciertos acuerdos no abordan completamente la emergencia nacional declarada en abril pasado. Además, algunos países aún no han iniciado conversaciones formales con Washington.
Las tarifas varían según el país, siendo la más elevada para Siria, con un 41%, mientras que la Unión Europea, Japón y Corea del Sur tendrán tarifas del 15%. Estados Unidos también incrementó en un 5% los recargos sobre importaciones de Costa Rica, Bolivia y Ecuador, situándolos en un 15%, y mantiene las tarifas previamente establecidas para Venezuela y Nicaragua.
Por otro lado, el gobierno estadounidense resaltó acuerdos recientes con la Unión Europea, que incluyen compromisos por 750 mil millones de dólares en compras de energía y 600 mil millones en inversiones en Estados Unidos hasta 2028, con una tasa arancelaria del 15%. Japón, por su parte, se comprometió a invertir 550 mil millones de dólares en el país para impulsar industrias clave y ampliar sus exportaciones, también con una tarifa base del 15%.
El gobierno de Trump afirmó que estas políticas arancelarias han incentivado inversiones significativas en Estados Unidos, contribuyendo al fortalecimiento económico del país y contrarrestando prácticas comerciales desleales que, según argumentan, han perjudicado a los trabajadores estadounidenses durante décadas.
