Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado en 2017, expresó su rechazo ante los recientes acuerdos entre el criminal Damaso López Serrano, conocido como «El Mini Lic», y las autoridades de Estados Unidos. La mujer aseguró que estos pactos podrían facilitar la reducción de la condena del señalado, dejando sin justicia a las víctimas y perpetuando la impunidad en casos como el de su esposo.
En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Triana manifestó su indignación ante la posibilidad de que «El Mini Lic» salga en breve de prisión, a pesar de ser considerado por las investigaciones como autor intelectual del homicidio de Valdez. La esposa del periodista sostuvo que las negociaciones con Estados Unidos favorecen a los delincuentes, quienes entregan información a cambio de beneficios, mientras las familias mexicanas siguen enfrentando la impunidad.
«Me genera mucha rabia que Estados Unidos exprima a estos delincuentes y nosotros nos quedamos sin justicia», afirmó. Recordó que en el pasado, «El Mini Lic» fue entregado a Estados Unidos y posteriormente liberado tras cumplir una condena breve por buena conducta, lo que, en su opinión, evidencia un sistema que no impide que siga delinquiendo.
Triana también criticó la atención que las autoridades estadounidenses prestan a estas figuras, señalando que incluso tenían un podcast en línea sin que las agencias detectaran su actividad. «Eso demuestra el cuidado que tienen con estos personajes, y por eso tengo miedo de que vuelva a salir en poco tiempo», advirtió.
En conmemoración del octavo aniversario del asesinato de Javier Valdez, la esposa de la víctima recordó las gestiones realizadas para que Estados Unidos mantenga en su agenda el proceso de extradición de «El Mini Lic». Organizaciones como Artículo 19, CPJ, Reporteros Sin Fronteras y Río 12 entregaron un documento al embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, solicitando que el caso siga siendo una prioridad para facilitar la extradición y el proceso legal correspondiente.
Triana enfatizó que «este individuo debe pagar por el daño causado a la libertad de expresión en México», y criticó la falta de acciones concretas por parte del gobierno mexicano. «Yo como esposa de Javier quisiera que las autoridades mexicanas hicieran más, que no solo dependa de la Fiscalía, sino también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pongan énfasis en este asunto», concluyó.
