Por: Rodolfo Chávez Calderón
Apenas era un estudiante de tercer año de derecho en la UdG, me sorprendió la llamada que recibí por parte de mi hermano. Él ya era abogado, pero trabajaba en la Procuraduría de Justicia del Estado y no acostumbraba a litigar, por lo que me expuso hacerme cargo de ese asunto que a simple vista resultaba escabroso y hasta peligroso.
Una señora de 90 años de edad, de nombre Catalina Ascencio viuda de Vizcarra, habitualmente llamada cariñosamente Catita, reclamaba haber sido despojada de su fortuna por el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el abogado Jorge Saracho Álvarez.
Viuda de un famoso revolucionario, guardaba en su casa de la calle Federación, muy cerca de la Calzada Independencia de Guadalajara, una hermosa pistola que según refería, le fue robada por el chofer del funcionario jalisciense, pero además demandaba haber sido despojada de todo lo que tenía debido a que meses antes decidió otorgar todas sus propiedades a su hija, previendo que ella, de tan avanzada edad, moriría antes que Carmen, su heredera.
Carmen Vizcarra era amiga cercana del presidente del Tribunal, por lo que un día salió de su casa para ir a una fiesta, pero no regresó. Algo sucedió de manera repentina, que a la señora Catita le fueron a avisar que su hija había fallecido.
Lo que ella ignoraba es que Carmen había hecho su testamento y en él designó al Presidente del Supremo Tribunal de Jalisco, como heredero universal y albacea de su fortuna.
La señora Ascencio seguramente no hubiera reaccionado si no le hubiera robado su pistola, el chofer del funcionario público.
Cuando se dio cuenta de que el arma ya no estaba en su casa, fue que comenzó a buscar un abogado, sólo que por tratarse de quien se trataba, en referencia al acusado, nadie aceptaba enfrentarse.
No quedaba más que el estudiante de derecho que hubo de hacerse cargo del caso, afortunadamente al saber que quien esto escribe se había “animado”, dos magistrados del STJ se acercaron para ofrecer asesoría en los pasos que tendrían que darse para garantizar que aquello se condujera de acuerdo a derecho y en defensa de la justicia reclamada por Catita.
Comenzaron los trámites y diligencias, la denuncia, las audiencias, por un lado en la desaparecida Penal de Oblatos, dentro del juzgado Séptimo de lo Criminal, y por otro lado en el Banco, en ese entonces Banco de Comercio de Guadalajara, hubo que intervenir una caja de seguridad de Catita y se llevó a cabo la diligencia con el personal del juzgado civil así como la presencia del señor Saracho y el incipiente abogado acusador, que era yo.
Igual, comenzaron las llamadas telefónicas extrañas a la casa de este servidor de ustedes.
Hubo amenazas, siempre vía telefónica, e incluso uno de los testigos padeció un “levantón”, pero contaba yo con el apoyo de Inforjal, donde Felipe Cobián publicaba las demandas de mi cliente, de El Diario de Guadalajara, del periódico El Día, y otros medios de difusión que no estaban coptados por el Gobierno de Jalisco.
Uno de esos días, cuando en los Estados Unidos, gracias a las publicaciones aparecieron unos nietos de Catita, tratamos de publicar un desplegado en El Occidental, (donde yo trabajaría como reportero tres años después) pero en el departamento de publicidad de la casa editorial revisaron el documento, se lo llevaron al director Ernesto Corona Ruesga, quien no le dio luz verde.
Fue entonces cuando acudimos a El Diario de Guadalajara, donde sí le dieron entrada de inmediato y al día siguiente se publicó.
Fue una época de dimes y diretes, de acusaciones, de publicaciones de un lado y otro, a tal grado que recibí una llamada de parte de un señor que dijo ser Carlos Rulleros, de la Dirección Federal de Seguridad, que proporcionó opciones para recibir mis llamadas y atenderme en caso de ocupar apoyo del gobierno federal.
Apenas habían pasado unos meses, en que me había convertido en “lleva y trae” de la señora Catita, a quien le parecía normal hablarle a su abogado para encargarle el pan y la leche, de una panadería situada a unas cuadras de la glorieta del Charro.
En noviembre de 1979, durante una gira de evaluación, de esas que llevaba a cabo el entonces gobernador Flavio Romero de Velasco, que acostumbraba a recorrer regiones del Estado acompañado de todos los funcionarios de alto nivel, los medios de difusión dieron a conocer que en un momento dado el Presidente del Supremo Tribunal se acercó a tratar de hablar con el Gobernador, pero éste se puso de espaldas a él, ignorándolo totalmente. Al día siguiente renunció el Sr. Saracho a la Presidencia del Supremo Tribunal.
Y como era de esperarse, la señora Catita fue objeto de cientos de llamadas por parte de abogados experimentados que pretendían hacerse cargo de su asunto… “qué hace usted con un pasante?… debe ser representada por un abogado de verdad!, le decían… y claro, no tardé en recibir la llamada, “licenciado, gracias por todo, se hará cargo de mi asunto el licenciado Jorge Viramontes de la Mora”.
Y si, tenía razón Catita, requería de un buen abogado y el maestro Viramontes, a quien le llamábamos “El Sapito”, cariñosamente, era capaz de seguir su asunto con éxito.
Durante casi un año que ejercí como abogado de Catita, logré que me pagara alrededor de mil 500 pesos, y el maestro Viramontes, solamente por ver el expediente y decidirle si seguía pendiente de él, cobraría alrededor de 30 mil pesos.
Y para comparar cifras, en ese entonces yo abonaba mi casa que tuvo un precio de compra de 110 mil pesos.
Mi decepción en el mundo de la abogacía fue mucha, difícilmente volví a litigar un asunto, aunque para el desarrollo del periodismo en el que había de aventurarme casi tres años después, me fue de mucha utilidad el haber estudiado en la inmortal Facultad de Derecho de la UdG.
A consecuencia de haber representado a Catita, fui vetado en Notisistema cuando varios años después intenté incursionar en la radio noticiosa, aunque no tardé en encontrar un sitio en Canal 58 donde hice mancuerna con David Medrano en los Impactos de Canal 58.
