El 9 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México informó oficialmente la separación de Enrique Camargo del cargo de presidente de la Comisión de Búsqueda local, tras más de dos años en funciones y una serie de reclamos por parte de familiares de personas desaparecidas.
La decisión ha generado un paso importante en el proceso de revisión y posible renovación del órgano encargado de la búsqueda de personas desaparecidas en la capital, sin embargo, ha avivado también las demandas de comunidades buscadoras, que exigen participación activa en la selección del nuevo titular. Para estos colectivos, no se trata solo de un cambio administrativo, sino de una decisión política y humanitaria que reconozca su experiencia y derechos en el proceso.
María del Carmen Gallardo, madre de Pamela Gallardo Volante, desaparecida en 2017, expresó en una entrevista con Proceso que el cargo debería ser ocupado por Sol Salgado, ex comisionada en el Estado de México, como una propuesta que reflejaría una mayor sensibilidad hacia las víctimas y sus familiares.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, anunció que se publicó una convocatoria para la selección del nuevo titular, otorgando un plazo de 10 días para que los interesados presenten sus currículums y sean considerados en una terna que será enviada a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien tendrá la responsabilidad de definir el perfil final.
Cravioto explicó que, tras diálogos con Camargo en las últimas semanas, se acordó que era momento de que éste dejara su cargo, recordando además que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) renovó la dirigencia de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), en la que ahora ocupa Luis Poletti en sustitución de May Gómez.
Asimismo, el funcionario resaltó que, a pesar de las críticas y exigencias de algunos colectivos, Camargo fue considerado un servidor público responsable y comprometido. Sin embargo, no se aclaró si su salida implica una renuncia definitiva o si continuará en el equipo del Gobierno en otra función, ya que Cravioto aseguró que permanecerá en “temas similares a los que viene desempeñando”, sin precisar detalles.
De acuerdo con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda de Personas, los candidatos al cargo deben ser ciudadanos mexicanos, contar con título profesional, no haber participado en dirigencias partidistas en los últimos años y tener experiencia en derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.
Por su parte, no se ha mencionado si las víctimas indirectas —familiares y comunidades afectadas— tendrán participación en la selección del nuevo titular, aspecto que colectivos de familiares buscadores continúan reclamando como fundamental para garantizar un proceso transparente y sensible a sus necesidades.
Con información de Proceso.
