Por: Verónica Juárez Piña
En el marco de la emergencia sanitaria y económica, todos los recursos públicos que el Gobierno Federal obtendrá a través de las diversas acciones que ha anunciado, se deben destinar única y exclusivamente al sector salud, a preservar el empleo, y a proteger y ayudar a la población, sobre todo a los de menos recursos; en lugar de destinar gran parte de ellos al pago de deuda, a programas clientelares y a mega obras cuyo futuro es incierto.
Es por eso que, desde el Partido de la Revolución Democrática, insistimos que esta crisis no puede dividir al país. Por ello es indispensable que, en un plan de crisis integral, no sólo se atienda lo económico sino a todos los sectores de la población, iniciando por los más pobres y vulnerables.
Este plan, debe construirse y llevarse a cabo con perspectiva de género y enfocado en apoyar al sector más deprimido del país.
En principio se debe transparentar el gasto de los 250 mil millones de pesos que se tomarán de los fideicomisos. Esos recursos públicos ahorrados por décadas, deben ser utilizados únicamente en la emergencia de salud y alimentaria como compra de equipos médicos, medicamentos, vehículos de emergencia, infraestructura hospitalaria de ser necesaria, y abasto alimentario para los grupos más vulnerables de todo el país.
Es inadmisible desperdiciar este valioso recurso en obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de la Ciudad de México o refinerías, proyectos que se deben suspender.
El gobierno debe de garantizar la provisión de medicamentos, terapias y servicios médicos a personas con enfermedades crónico-degenerativas o con inmunodeficiencias, como son los pacientes de cáncer y VIH SIDA que no pueden interrumpir sus tratamientos.
Adicionalmente, se debe proteger al empleo. De acuerdo con datos del IMSS, tan sólo en marzo, hubo una disminución de 130 mil 593 puestos de trabajo, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, equivalente a una tasa mensual de -0.6 por ciento. Cálculos del Consejo Coordinador Empresarial señalan que el crecimiento del PIB podría caer a 10% y la pérdida de empleos podría llegar hasta 1 millón 400 mil.
La gran mayoría de quienes perdieron su empleo son trabajadoras jefas y jefes de familia, para quienes no hay apoyos.
De igual manera, se debe poner en marcha un programa que incluya a quienes pertenecen a la economía informal pues se trata de un sector no considerado en las ayudas del gobierno en este momento, lo que se traducirá en problemas de la economía familiar que pueden desembocar en conflictos sociales y aumento de la delincuencia.
También es urgente que el gobierno federal y los gobiernos estatales presenten su plan para mantener funcionando todos los servicios públicos como agua, luz, gas, gasolina, etcétera, para que en ningún momento la población del país sufra de escases o falta absoluta de ellos.
La salud, la protección y el respaldo a los esfuerzos y compromiso del personal médico, a las pequeñas y medianas empresas y a la economía familiar; debe ser la prioridad en este momento y no los asuntos políticos como la revocación del mandato presidencial. Pensar en proyectos políticos personales o de partido cuando está en juego la vida y los ingresos de las y los mexicanos, es una gran irresponsabilidad.
