Por: Gustavo Lozano
@GustavLozaRed
(Miembro de la AMEDI Capítulo Jalisco)
El pasado mes de mayo el gobierno federal publicó la Ley General de Comunicación Social (conocida como Ley Chayote), la cual “regula” el gasto que hacen los gobiernos en publicidad oficial. Si bien es cierto que hay un proceso de impugnación vigente, ésta está en vigor y por lo tanto las distintas entidades de la República están “armonizando” sus legislaciones con la norma federal.
En el caso de Jalisco, los diputados están a punto de aprobar una versión de ley que repite los vicios de la legislación que ha sido criticada desde la sociedad civil.
Los misterios del Congreso
El día 15 de agosto el Congreso del Estado de Jalisco dio a conocer que ya se contaba con una iniciativa de Ley para reglamentar el gasto en publicidad oficial en el estado, la cual reúne iniciativas de ley que diversos partidos políticos estatales propusieron sobre la materia.
Por otro lado, el Diputado Kumamoto, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, AMEDI Jalisco, Artículo 19 y Fundar, también presentaron por separado su versión de Ley que regula ese gasto, a la cual llamarón “Mi Dinero No Es Chayote”, esto el pasado día 8 de agosto.
El día 15 de agosto se anunció en el Congreso que la iniciativa de Kumamoto, no había podido ser integrada a la propuesta de Ley que sería presentada a los diputados/as en las próximas sesiones para su análisis y votación, debido a que “ya iban tarde en el proceso”, indicando que “en su momento se podrían integrar elementos de la misma”.
El proceso de redacción de la iniciativa de Kumamoto, fue acompañada por la experiencia de organizaciones civiles especializadas en temas de transparencia, combate a la corrupción, telecomunicaciones, periodismo, entre otros y algunas de sus diferencias con el dictamen aprobado y propuestas trascedentes son las siguientes:
-La iniciativa aprobada en comisiones propone seguir gastando el mismo 0.3% del presupuesto del ejercicio fiscal en publicidad oficial y cuestiones afines, en cambio la iniciativa de Kumamoto y compañía, plantea una disminución al 0.1%.
-La iniciativa de Kumamoto propone sanciones a entes públicos y privados por violaciones a la ley, en cambio la aprobada no establece nada al respecto.
-Mi Dinero No es Chayote, fija criterios y requisitos para la asignación de contratos de publicidad oficial a medios, como el estar dado de alta en un padrón estatal con requisitos propios para ingresar, tener un código de ética, un defensor de las audiencias y un mecanismo para garantizar el derecho de réplica, de lo cual no se prevé nada en la iniciativa aprobada.
-Sobre prohibir la asignación y contratación de la publicidad oficial a medios de comunicación cuyos titulares fuesen servidores públicos de los sujetos obligados, la única que lo establece es la iniciativa de Kumamoto.
-Sí bien ambas iniciativas proponen un consejo ciudadano o consultivo, la única que incluye a la sociedad civil y les otorga un voto es la de Kumamoto, ya que el dictamen aprobado solo limita su participación a la voluntad del presidente del consejo, restringiendo a la misma a emitir opiniones sin peso.
-La iniciativa aprobada no limita el gasto de informes anuales de trabajo, la iniciativa Mi Dinero No Es Chayote, prevé un tope del 5% del gasto anual en publicidad oficial para estos eventos.
¿Entonces en Jalisco quieren dar a luz a otra Ley Chayote?
Existen cuestiones que de avalarse como están planteadas en la propuesta de Ley aprobada al momento en comisiones del Congreso, implicaría automáticamente duplicar los vicios, defectos, irregularidades e inconstitucionalidades de la Ley Chayote Federal.
Es aquí donde la iniciativa de Kumamoto y las organizaciones civiles cobra importancia, debido a que fue redactada evitando los errores de la Ley Federal, en caso de que se apruebe la iniciativa tal y se encuentra, sin lugar a dudas se estaría dando vida a una nueva Ley Chayote, iniciando por el gasto del 0.3% en publicidad oficial y la deficiencia de requisitos para asignar contratos y recursos a medios de comunicación.
Jalisco tiene la oportunidad de legislar una de las primeras leyes estatales que regulen el gasto en publicidad oficial de manera efectiva, solo se necesita la voluntad y paciencia de sus legisladores.
