Por: Verónica Juárez Piña
Diputada Federal
Vicecoordinadora GPPRD
Este 1 de diciembre, las y los mexicanos fuimos testigos de un evento inédito. Por primera vez, en la historia contemporánea del país, un personaje político, emanado de la filas de la izquierda, asumió la presidencia de la República, con un respaldo innegable y contundente de más de 30 millones de votos.
Este es un triunfo que el PRD hace suyo, no sólo porque Andrés Manuel fue dirigente del partido, dos veces candidato a la presidencia de la República y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), sino porque gran parte de la agenda del nuevo gobierno han sido banderas perredistas históricas.
Con esa misma percepción nos sumaremos a los esfuerzos para sacar a la nación del desastre en que la deja Enrique Peña Nieto, pero no permitiremos decisiones que pongan en riesgo el devenir de la República y las libertades que hemos ganado a pulso. Haremos valer los intereses de las y los mexicanos.
El mensaje en las urnas fue claro. La gente está harta de los escándalos de corrupción, de la impunidad, desigualdad, inseguridad, violencia y los desaparecidos. El respaldo a Andrés Manuel y a su partido no fue un cheque en blanco. Por eso, bajo ninguna circunstancia aceptamos que desde la máxima tribuna del país, en la toma de posesión, el hoy presidente de la República haya reiterado su perdón a Peña Nieto, manchado de principio a fin de su mandato por el tufo de la corrupción. Eso es inaceptable, es una afrenta al Congreso de la Unión y a México.
No lo permitiremos. El PRD está convocando a la construcción de un Acuerdo Nacional en Defensa de la República Federal y Democrática para luchar juntos y que se castigue de inmediato a quienes hayan hecho uso ilícito de los recursos públicos.
Desde el Congreso de la Unión, en los congresos locales, en las calles, en los medios de comunicación y en todos los espacios y estrados posibles, pugnaremos porque bajen los precios de las gasolinas y el diesel ya, no dentro de tres años. Que aumente desde ahora el salario mínimo a 176 pesos por día. Esta es una decisión impostergable. La situación económica de los trabajadores y sus familias es crítica, su atención no se puede prolongar.
Que el Ejército regrese paulatinamente a sus cuarteles y que se evite la profundización de la militarización con la creación de la Guardia Nacional. Parte de lo que el nuevo gobierno está obligado a hacer es cambiar de raíz el enfoque policiaco-militar en la lucha contra la inseguridad que ha costado miles de muertos, ensangrentado y enlutado al país.
Que se cancele el nombramiento de los superdelegados y coordinadores regionales porque son inconstitucionales.
Demandamos respeto a la soberanía de los estados y al municipio libre. Que Peña Nieto y el PRI hayan permitido abusos de algunos de sus gobernadores, no debe ser pretexto para atentar contra el federalismo con evidentes intereses personales y políticos. Lucharemos para evitar que el nuevo gobierno repita las prácticas del viejo régimen.
Pugnaremos para que aumente el presupuesto federal para estados y municipios, pediremos el fortalecimiento y consolidación de la educación del país, destinando mayores recursos para ampliar la matricula, planta docente e infraestructura.
No permitiremos reformas constitucionales al vapor. Apoyaremos reformas que se impulsen a través del diálogo y se escuche la opinión de las minorías que, le guste o no al Ejecutivo Federal y a la mayoría en el Congreso de la Unión, también cuentan con el voto de millones de mexicanas y mexicanos y los haremos valer, como ya lo hicimos en el Cámara de Diputados.
Le tomamos la palabra a Andrés Manuel. No lo dejaremos solo, respaldando a su gobierno como una oposición responsable y crítica. Así le serviremos mejor al país. Le serán muy poco útiles sus aliados que le dicen sí a todo y piensan que su función como legisladores federales es cantarle las mañanitas al Ejecutivo Federal en el recinto de la Cámara de Diputados, integrante de uno de los tres poderes de la Unión.
No ofenderemos a los mexicanos repitiendo prácticas de subordinación presidencial a las que estaban acostumbrados los priistas y que hoy, en el gobierno que apenas inicia, se están repitiendo prematuramente.
