Ante el entorno de volatilidad económica financiera internacional y la necesidad de reactivar al interior del país el consumo, la inversión y el mercado interno, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que las dos prioridades deben ser implementar eficaz y por completo las reformas, así como fortalecer el Estado de Derecho, para lo que pidió al Congreso atender once prioridades:
Como primer punto hay que aprobar medidas fiscales que impulsen el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo. “Confiamos en que el Gobierno Federal y los legisladores serán sensibles a la situación que prevalece en la economía nacional de crecimiento bajo e inercial, implementando soluciones efectivas, que no comprometan las finanzas públicas ni la estabilidad macroeconómica”.
Dos, aprovechar la oportunidad de sacar adelante un presupuesto Base Cero y regirse con total responsabilidad financiera, es decir cumplir las funciones esenciales y bajar gastos innecesarios y dispendios.
Tres, combatir la corrupción e impulsar la transparencia, mediante la discusión y aprobación de las leyes secundarias relativas al Sistema Nacional contra la corrupción.
Cuatro, impulsar la aprobación de un nuevo marco jurídico en torno a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, incorporando ajustes que la enriquezcan para una mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en licitaciones.
Cinco, la Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay que impulsar la simplificación de los trámites para la constitución de empresas.
Seis, realizar una consulta Indígena que ratifique el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y se establezcan acciones que no afecten su seguridad jurídica en obras y proyectos.
Siete, desvinculación de los salarios mínimos y establecer una nueva unidad de medida.
Ocho, es fundamental avanzar hacia un esquema de pensiones y de salud pública viable.
Nueve, en materia de salud, la prioridad es sustituir servicios que no funcionan, mediante mecanismos como asociaciones público-privadas, concesiones o subrogación para reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el empleo.
Diez, urge definir las reformas legislativas que contribuyan a resolver los problemas de seguridad pública. Y retomar la consolidación de los mandos únicos estatales: depuración y profesionalización de cuerpos policiales; infiltración del crimen organizado en municipios;
redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar un paquete de leyes para dar certeza jurídica a nuestras Fuerzas Armadas.
Once, retomar la agenda ambiental pendiente, como la discusión de la ley de aguas y la legislación en materia de protección al medio ambiente de manera que sea compatible con el crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para invertir.
