En un encuentro clave en la Cámara de Diputados, directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para respaldar la nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar, resultado del foro realizado en Toluca el mes pasado. La reunión reafirmó el compromiso del sector privado con una visión de desarrollo más inclusiva y equitativa.
Ramírez Cuéllar destacó que la propuesta legislativa busca garantizar el acceso universal a infraestructura como un derecho fundamental, promoviendo un modelo de inversión más participativo, con disciplina fiscal y colaboración del sector privado. La iniciativa contempla la derogación de las leyes sobre asociaciones público-privadas (APPs) para ampliar el alcance de proyectos que beneficien a comunidades, fortaleciendo programas sociales y mejorando la calidad de vida en todo el país.
El legislador enfatizó que el próximo paquete económico priorizará la eficiencia en la recaudación sin aumentar impuestos ni cargas fiscales, destinando recursos a proyectos estratégicos y sociales. Además, anunció que se abrirá un proceso de consulta con el sector privado y las autoridades para garantizar transparencia, certeza jurídica y participación ciudadana en los proyectos.
Representantes del CCE, como Juan Acra López, subrayaron la importancia de destinar al menos el 5% del PIB a infraestructura para impulsar el crecimiento económico. Expertos en ingeniería y construcción también coincidieron en la necesidad de sumar recursos privados y establecer mecanismos transparentes que aseguren la eficiencia en la ejecución de los proyectos.
La diputada Martha Olivia García celebró la participación del sector empresarial en este proceso legislativo, que busca llevar servicios básicos a las regiones más rezagadas del país. Ramírez Cuéllar concluyó reafirmando que la iniciativa busca transformar la infraestructura en un derecho efectivo para todos, promoviendo el bienestar y el crecimiento integral de México.
