La supuesta complicidad entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la administración del Sanatorio Trinidad ha salido a la luz, poniendo en jaque la salud de miles de pacientes. Jesús Torán Sierra, subdirector médico del sanatorio, ha revelado que fue advertido por un funcionario de Cofepris sobre una inminente clausura, lo que sugiere un encubrimiento que podría haber permitido que el hospital continuara operando de forma ilegal.
El 16 de enero, el Sanatorio Trinidad fue desalojado por incumplir normas sanitarias fundamentales. Sin embargo, la advertencia previa que recibió Torán de parte de un contacto en Cofepris, aparentemente para evitar un cierre abrupto, ha dejado en evidencia un esquema de corrupción que se traduce en un riesgo real para la vida de los pacientes. «Desocupen el sanatorio porque les van a caer», fue el mensaje que Torán compartió con su personal, confirmando que el hospital había tomado medidas para ocultar su actividad antes de la inspección.
Patricia Pancardo, familiar de un paciente desalojado, también ha denunciado que el movimiento dentro del sanatorio se debió a la visita programada de Cofepris. “Si Cofepris checa que tienen pacientes, les clausuran”, afirmó, mientras observaba cómo sacaban equipo médico del establecimiento.
A pesar de que el 17 de enero la Cofepris realizó una inspección superficial, que solo incluyó revisar que los sellos de clausura estuvieran intactos, el Sanatorio Trinidad ha continuado operando en el Hospital San Luis, donde se han trasladado a pacientes y personal, a pesar de que el hospital no cuenta con la autorización para funcionar. Al menos 17 empleados han sido despedidos desde el desalojo, mientras que el resto del personal se enfrenta a condiciones laborales precarias y desabasto de medicamentos.
Los testimonios de trabajadores revelan que médicos y compañías aseguradoras siguen llevando pacientes a un hospital que, por ley, no debería estar en funcionamiento. Además, la falta de un responsable sanitario en la farmacia desde agosto de 2024 agrava la situación, ya que no hay supervisión en la compra y venta de medicamentos, lo que podría derivar en graves consecuencias para la salud de los pacientes.
Adriana Beltrán Mallén, administradora del Sanatorio Trinidad, ha sido acusada de negligencia al no abastecer de manera adecuada a los pacientes en el San Luis, lo que ha generado un desfase en la medicación de hasta cinco horas. Esta situación ha llevado a que se reporten complicaciones en la salud de pacientes que dependen de tratamientos oportunos.
Los informes apuntan a que esta red de corrupción no solo infringe la ley, sino que ha costado vidas. Se han registrado casos de pacientes que fallecieron tras ser operados en quirófanos clausurados, lo que hace aún más urgente la intervención de las autoridades.
El silencio de Cofepris ante las denuncias es preocupante. A pesar de que el 4 de febrero se solicitó una respuesta oficial, no hubo contestación. La pregunta que surge es clara: ¿por qué la autoridad en lugar de hacer cumplir la ley, opta por advertir a quienes la infringen? La responsabilidad ahora recae en las autoridades para desmantelar esta red de impunidad y proteger la salud y la vida de los pacientes en México.
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