San Luis Talpa, El Salvador – 16 de marzo de 2025.- En un movimiento que redefine la dinámica entre Estados Unidos y El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha recibido a 238 miembros de la banda criminal Tren de Aragua, quienes serán recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por un año. Este traslado, que se produce en el marco de la cooperación entre ambos gobiernos, ha sido celebrado por Bukele y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región.
La decisión de enviar a estos criminales a El Salvador se enmarca dentro de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el expresidente Donald Trump. Bajo esta legislación, EE.UU. ha acelerado la deportación de individuos considerados una amenaza a la seguridad nacional, posicionando al Tren de Aragua como un grupo terrorista transnacional vinculado al régimen de Nicolás Maduro y señalado por delitos graves que incluyen asesinatos, extorsiones y tráfico de personas.
Bukele, quien ha hecho de su estrategia de “mano dura” contra el crimen su principal bandera política, utiliza esta colaboración con EE.UU. para consolidar su imagen como un aliado estratégico en la lucha contra el crimen. Este apoyo ha resultado en financiamiento para su sistema penitenciario y en un reconocimiento por parte de Trump, quien lo ha calificado como “el líder de seguridad más fuerte de la región”.
Sin embargo, la cooperación con EE.UU. plantea interrogantes sobre el costo de estas acciones para la soberanía de El Salvador. Aceptar prisioneros extranjeros refuerza el papel de Bukele como el “carcelero” de Trump, al tiempo que legitima su enfoque autoritario en la gobernanza. Su modelo de encarcelamiento masivo, ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos, se transforma en una herramienta diplomática que le permite ganar influencia en el escenario internacional.
A medida que El Salvador se convierte en el destino de criminales deportados, la comunidad internacional observa con atención las implicaciones de esta colaboración y el futuro de los derechos humanos en el país. La situación plantea un dilema: ¿hasta qué punto está dispuesto Bukele a ir para consolidar su poder y asegurar el apoyo de una superpotencia?
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