Por: Salvador Cosío Gaona
Lourdes Maldonado López, la periodista que fue asesinada la noche del pasado domingo 23 de enero en Tijuana Baja California, había asistido en 2019 a La Mañanera para exponerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que su vida corría peligro y solicitarle la protección del estado. Pero su visita al Palacio Nacional de la Ciudad de México evidentemente no surtió efecto favorable. Su vida fue interrumpida con un certero disparo. El presidente le había prometido su intervención pero le falló al no proteger su integridad física, y hoy es una estadística más al convertirse en la tercer periodista asesinada en los primeros 23 días de este sangriento 2022.
En la conferencia matutina del 26 de marzo del 2019, la comunicadora que se presentó como reportera del semanario Séptimo Día, expuso:
«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el lado a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo a pedir ese apoyo, esa justicia.
«Lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya hasta metió un amparo, pero con este poderoso personaje, nada o o poco, puedo hacer sin su apoyo señor Presidente», dijo la periodista.
Ante ello López Obrador, le respondió que le pediría a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que la atendiera y la apoyaran «para que se pida justicia, que no haya influyentismo y se actué en el marco de la ley».
Luego de que se confirmara el asesinato de Lourdes Maldonado, la organización de defensa de la libertad de expresión, Reporteros Sin Fronteras (RSF), alertó que “el baño de sangre contra la prensa continúa” en México.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la organización destacó que está “investigando las circunstancias del asesinato” de Maldonado, quien contaba con medidas de seguridad proporcionadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Tras exigir a las autoridades estatales y federales, “una investigación inmediata de los hechos y garantizar la seguridad de su familia”, RSF resaltó que Lourdes Maldonado es la tercera periodista asesinada en las primeras tres semanas de 2022.
Apenas el viernes 21, el director de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié alertó que “el año 2022 se ha estrenado con un baño de sangre para el periodismo mexicano”, con los asesinatos de Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, ocurridos en Baja California el 17 de enero, y en Veracruz el 10 de enero, respectivamente.
Sobre el caso de Martínez Esquivel, RSF retomó la declaración de Adela Navarro, directora del periódico Zeta, medio en el que colaboraba, al recordar que como fotorreportero especializado en la fuente policiaca, “siempre había tenido problemas con la policía”, y que en 2019 “agentes policiales intentaron confiscarle su equipo”, siendo incidentes frecuentes en su desempeño profesional.
De acuerdo a testimonios de sus compañeros de trabajo, “Martínez Esquivel se sentía amenazado, especialmente por grupos criminales locales, y temía por su vida”, más aún luego de que en diciembre de 2021 fue intimidado, por lo que solicitó medidas de protección en Baja California, y después al mecanismo federal de protección, sin lograr obtener medidas de seguridad.
En cuanto a la muerte de Gamboa, RSF resaltó que su cuerpo fue encontrado a unos 15 metros de su domicilio “cosido a puñaladas y sólo pudo ser identificado por su familia tres días después”.
Gamboa era director de la página web Inforegio-Netword y del semanario El Regional del Norte, era autor de artículos de opinión especializados en corrupción de la clase política local y sus vínculos con el crimen organizado.
Por estos dos primeros casos registrados en 2022, Emmanuel Colombié alertó que “hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa en el país”, ante una violencia que “se ceba con los periodistas y la impunidad que habitualmente la sucede no deben considerarse como una mera fatalidad”.
RSF condenó los crímenes y exhortó “a las autoridades mexicanas a detener a los culpables y reformar los mecanismos de protección a los periodistas”, y recordó que en 2021 registró siete asesinatos de periodistas, situación que coloca a México “en el más mortífero del mundo para ejercer la prensa”.
La periodista tenía desde hace nueve años un litigio laboral con la empresa de comunicación (PSN), propiedad del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
El conflicto entre Maldonado y PSN era por despido injustificado y adeudos de nómina pendientes, tras seis años de trabajo.
El pasado miércoles 19 de enero la empresa fue notificada de un embargo mercantil a favor de la periodista, quien fue designada como depositaria interventora.
Ese día, el abogado Eduardo Edmar Pérez Castro, explicó que con dicho embargo se iniciaría un acuerdo de pago con la empresa en favor de su clienta.
“Logré mi cometido, porque yo nunca pedí más de lo que era, ni nada. Sí yo fui a la mañanera con el presidente fue porque yo sabía que en el noroeste no tenía nada que hacer. Aquí la mano y el poder de Bonilla era muy grande, así que por eso fui a ver al presidente”, dijo Maldonado el día del embargo, según cita el Semanario Zeta.
La periodista estaba dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas y tenía una escolta de policías municipales, quienes la acompañaban en un horario fijo. Aún así, Maldonado fue asesinada la tarde del domingo.
El día que Lourdes Maldonado solicitó ayuda a López Obrador, le respondió que le pediría a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que la atendiera y la apoyaran «para que se pida justicia, que no haya influyentismo y se actué en el marco de la ley».
El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la periodista registrado el día anterior, y consideró que “no se puede en automático” vincular una demanda laboral con un crimen.
Incluso, deslindó a su gobierno de los crímenes contra periodistas argumentando que heredó de sus antecesores: «corrupción, desigualdad y violencia».
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